Mesa redonda
Entrada libre
INTERVIENEN:
BALDOMERO ARAUJO CAMBLOR. Comisario Jefe Provincial del Cuerpo Nacional de Policía.
ESPERANZA VAELLO ESQUERDO. Profesora titular de Derecho Penal (Universidad de Alicante) y Magistrada suplente.
JORGE PÉREZ MARTÍN. Psiquiatra en el Centro Penitenciario de Fontcalent.
GENARO PAYÁ JUAN. Psicólogo clínico y asesor familiar.
PRESENTA Y MODERA:
JOSÉ MARÍA PEREA. Periodista.
POLICÍAS, ABOGADOS Y PSICÓLOGOS ANALIZAN LA ESCALADA DE LA VIOLENCIA
Según los datos facilitados esta semana por el Ministerio del Interior, la delincuencia aumentó en 2001, respecto al año anterior, un 10,52%. La provincia de Alicante figura, según estos datos, entre las de mayor incremento. El mayor aumento a nivel nacional se registró en los robos en inmuebles y coches y los pequeños hurtos.
El año pasado crecieron en España un 4,25 por ciento los homicidios y asesinatos. Una tendencia que en el mes y medio que llevamos de 2002 parece mantenerse o incrementarse más, tanto a nivel nacional como provincial. Las tres muertes violentas en la Vega Baja del Segura -Rojales y Torrevieja-, el mayor eco en esa comarca de la tragedia de Santomera (linde con Orihuela), otra muerte violenta en la Marina Alta, y el parricidio de Benidorm han sacudido a la sociedad y nos ha llevado, desde el Club, a plantear «Violencia y criminalidad: ¿qué está pasando?», que es el título de la mesa redonda de esta tarde.
Están invitados el comisario-jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Baldomero Araujo, la profesora de Penal en la Universidad de Alicante y magistrada suplente Esperanza Vaello Esquerdo, un psiquiatra del Centro Penitenciario de Fontcalent, Jorge Pérez Martín, y un psicólogo clínico y asesor familiar en los servicios sociales municipales de Elda, Genaro Payá Juan. Habrá coloquio posterior para responder a las preguntas de los asistentes.
LOS EXPERTOS RECLAMAN POLÍTICAS SOCIALES PROGRESISTAS PARA PREVENIR LOS DELITOS
ÁFRICA PRADO
La falta de políticas sociales progresistas que prevengan la criminalidad y que favorezcan la reinserción del delincuente fue una de las reivindicaciones planteadas en la mesa redonda que, bajo el título de «Violencia y criminalidad, ¿qué está pasando?», se celebró anteayer en el Club INFORMACION, a raíz del incremento de delitos registrados en el último año en la provincia y en el resto de España. Sobre ello, la profesora de Derecho Penal y magistrada suplente, Esperanza Vaello, indicó que «el delito acompaña indefectiblemente al ser humano» y afirmó tajante que «pensar en erradicar la criminalidad es una utopía y no una meta viable», que debe sustituirse por el planteamiento de que los poderes públicos deben «controlar el crimen y reducirlo a unas cotas tolerables para que pueda vivir la sociedad».
Vaello apuntó que el aumento de delitos no implica el fracaso del control penal y recordó que la pena o la condena «refleja la ausencia de soluciones para abordar los problemas sociales». Por ello, apostó por aplicar políticas sociales progresistas a través de «programas y estrategias no penales a medio y largo plazo que favorezcan la reinserción y la superación de deficiencias educativas, sociales o laborales». La especialista señaló la dificultad actual de resocializar al ex recluso y apuntó que la elevada reincidencia delictiva da una idea de la falta de ayudas que hay tras cumplir condena.
Respecto a los delitos que se cometen en la provincia, el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Baldomero Araujo, indicó que Alicante aparece como una de las mayores en número de hechos delictivos -la quinta-, según la tasa de infracciones por habitante. Sin embargo, señaló que el censo falsea esa realidad porque no contabiliza el incremento de población flotante que contiene la provincia y que, de hacerse así, situaría a la provincia por debajo de la media nacional en infracciones.
El comisario indicó que mientras la investigación de los delitos es óptima, su prevención es «dificultosa» por la propia sociedad multiétnica que conforma la provincia, que hace que «las formas de cometer delitos sean diferentes y que el potencial cliente también sea extranjero o turista, que se va y ni siquiera se interesa en esclarecer el delito». A una pregunta del público sobre la sensación de inseguridad que se vive en determinadas zonas de población inmigrante, refiriéndose al centro tradicional, Araujo señaló que, «con datos objetivos, la tasa de criminalidad no es de las mayores en esta zona de la ciudad y es donde menos hechos delictivos se cometen» tras añadir que «hay un miedo a algo estético a una cultura diferente» y el reto importante es «gestionar la seguridad en zonas con ciudadanos multiculturales». Añadió que «la concentración de inmigrantes no quiere decir que todos sean delincuentes; ni hablar, de ninguna de las maneras». Sobre la creación o no de una comisaría de Policía en la Vega Baja, que reclamó un asistente entre el público, el comisario afirmó que la decisión es «estrictamente política».
La falta de políticas sociales o de prevención sobre la integración de los inmigrantes también fue referida por el psicólogo Genaro Payá, que señaló que el fenómeno migratorio «ya es un problema y nos va a tocar verlas venir». El psicólogo se refirió también a la ausencia de prevención de los efectos que podría producir la revolución feminista en relación al maltrato del marido sobre la mujer y recordó que nadie ha «alertado a los hombres para las demandas que la mitad del país, las mujeres, iba a plantearles» con el feminismo y «el cabeza de familia se encuentra como víctima del sistema y frustrado que vuelve a casa y ni allí recupera el lugar que tenía».
Respecto a la violencia juvenil, Payá apuntó que ésta obedece a dos causas: la actual familia democrática donde los hijos son el objetivo primordial y una inversión de futuro, y el cambio social por el que la curiosidad de aprender y formarse «se encuentra saciada desde la infancia y se satura de información por la abundancia de medios audiovisuales». Ello afecta a la crianza de los jóvenes actuales y a la búsqueda del éxito fácil y rápido, apuntó tras la referencia del público al programa televisivo de Operación Triunfo y sobre los modelos de conducta publicitarios. «La televisión forma parte del sistema que inculca la inmediatez, la búsqueda del placer inmediato, y asistimos a un debilitamiento de valores que articulan la comunidad con el individuo y al alza de otros valores como el orgullo, la ira o la ambición».
Por su parte, el psiquiatra de Fontcalent, Jorge Pérez, abundó en la idea de Vaello sobre la inexistencia de antídoto para erradicar la violencia y la necesidad de abordarla desde un sentido «multidisciplinar». Apuntó que la violencia hostil o patológica, la que busca la destrucción, es la que preocupa al ciudadano y recordó que en la génesis de la violencia influyen tanto la predisposición para ser criminal como el aprendizaje. En ese sentido, indicó que «la prisión o el castigo no sirve como prevención, sino que se utiliza para aprender nuevos delitos».
LOS SINDICATOS PIDEN AL FISCAL QUE ACTÚE CONTRA LAS MAFIAS
M. J. SÁNCHEZ
Los sindicatos UGT y CC OO reclamaron ayer a la Fiscalía Provincial que actúe con contundencia frente a las mafias que están actuando en zonas de Torrevieja y la Vega Baja, al achacarles el alto índice de criminalidad registrado el año pasado. Con esta reivindicación, las dos entrales sindicales han respondido a las declaraciones del fiscal jefe, quien atribuye principalmente a los inmigrantes el alza de cerca 45.000 delitos, de los más de 222.000 que se registraron en los juzgados de toda la provincia.
Para Óscar Llopis, de UGT, «la afirmación del fiscal jefe «resulta un poco peligrosa, porque pensamos que los extranjeros que están provocando un aumento de la delincuencia no tienen problemas de papeles y forman parte de mafias que la Administración nunca ha querido reconocer que existen». Según Llopis, datos «alarmantes» como el hecho de que los delitos se hayan duplicado en los juzgados de Torrevieja, «no están cometidos por las personas que hacen cola en la Oficina de Extranjeros para regular su situación, sino por aquellos que vienen aquí con el objetivo de delinquir».
Por su parte, José de la Casa, de CC OO, tachó de «aberrantes e imprudentes las declaraciones del fiscal jefe», mientras que relaciona el aumento de los delitos con el incremento de la pobreza «y con un política que fomenta la entrada ilegal y la exclusión social».
LOS JUECES AFIRMAN QUE LA MAYORÍA DE ACUSADOS DE JUICIOS RÁPIDOS SON EXTRANJEROS
M. J. SÁNCHEZ
Jueces de Instrucción de Alicante, fiscales y abogados consultados por este diario coinciden en que la mayoría de procesados juzgados por la vía de juicios rápidos son extranjeros, aunque asocian sus actuaciones delictivas con la precariedad de su situación. Sobre esta cuestión matizaron que en muchos casos no se trata de residentes, sino de visitantes ocasionales.
Los siete juzgados de Instrucción de Alicante se han visto afectados por el aumento de la delincuencia, al superar durante el año pasado las ocho mil diligencias por cada dependencia, cuando estaban previstas unas siete mil quinientas. Los profesionales de la Justicia relacionan los hechos delictivos cometidos por inmigrantes a la falta de recursos.
Hurtos y robos a pequeña escala son delitos que se están desviando para juicios rápidos y en un alto porcentaje los acusados son extranjeros, «pero aunque son pequeños delitos, son los que crean mayor alarma social», según los profesionales.
Jueces, abogados y fiscales estiman que los juicios rápidos pueden acelerar la expulsión de extranjeros y frenar este tipo de hechos delictivos.
Por su parte, el secretario local del PSOE, Ángel Franco, considera que la responsabilidad de la escalada de violencia es del alcalde y del subdelegado del Gobierno, por negarse a convocar la junta de seguridad y ante la carencia de infraestructuras como centros de acogida y medios de promoción de empleo. Franco criticó al fiscal jefe por entender que el problema radica en que la vigilancia policial es nula y las bandas campean a sus anchas por la zona norte, sur y centro».
