INTERVIENE:
CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO. Fiscal General del Estado
PRESENTA:
RICARD CABEDO NEBOT. Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO
Fiscal General del Estado. Nacido en La Coruña. Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela.
Carrera Judicial:
Ingresó en la Carrera Judicial en 1973.
Ha sido Juez de Primera Instanciaa e Instrucción en Puebla de Sanabria (Zamora) y en Carballino (Orense).
Magistrado de la Audiencia Provincial de San Sebastián y Presidente de la Audiencia Provincial de Segovia.
Desde 1995 es Magistrado de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, con competencia específicamente penal.
Docencia:
Ha sido Profesor de Derecho Civil durante 18 años en las universidades del País Vasco (Facultad de Derecho de San Sebastián), y Complutense (Colegio Universitario de Segovia).
En el ámbito de la Seguridad, ha sido Presidente de la Comisión Provincial de la Policía Judicial de Segovia desde su constitución hasta 1995, Profesor en el Curso Superior de Dirección y Gestión de la Seguridad Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset, de Madrid, y también Profesor de las sucesivas promociones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, en los Cursos de especialización en Policía Judicial del Centro de Estudios Jurídicos.
7-XII-2006: Nombrado Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
4-I-2007: Profesor honorífico de la Escuela Nacional del Ministerio Público.
23-X-2007: Nombrado Presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.
Publicaciones:
Autor y coautor de numerosas publicaciones, entre las que pueden citarse:
«El delito ecológico»
«La reforma del Proceso Penal»
«Manual del Tribunal del Jurado» (1996)
«Comentarios al Código Penal de 1995» (1997)
«Ley de Enjuiciamiento Criminal. Doctrina y Jurisprudencia» (1998)
«Los Procesos Penales» (2000)
«Comentario a la Ley de Responsabilidad penal de los Menores« (2001)
«Tratado Práctico de los Procesos de Extranjería» (2002)
El 27 de abril de 2004 tomó posesión como Fiscal General del Estado.
CONDE-PUMPIDO ANALIZA EL TRABAJO DE LA FISCALÍA EN EL CLUB INFORMACION
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido ofrece hoy, a partir de las 20.00 horas, una ponencia bajo el título «El fiscal y la seguridad jurídica». La conferencia, que tendrá lugar en el Club INFORMACION, contará también con la participación del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo. Conde-Pumpido ingresó en la carrera judicial en 1973 y desde entonces ha compatibilizado su trabajo jurisdiccional con la docencia universitaria y la publicación de numerosos trabajos doctrinales. En 2004 fue nombrado fiscal general del Estado.
ENTREVISTA A CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO
«LA SENTENCIA DEL 11-M DESMONTA TODOS LOS DESPROPÓSITOS QUE SE VENÍAN DICIENDO»
MERCEDES GALLEGO
El miércoles se hizo pública la sentencia del 11-M en la que queda descartada la relación con ETA y la conspiración. ¿Qué piensa del fallo, de los ataques que recibió la Fiscalía y de la teoría de la mano negra?
La Fiscalía se siente muy satisfecha porque, en primer lugar, es un triunfo de la Justicia que ha funcionado de una manera transparente, eficaz e independiente en un asunto de una enorme dificultad. En segundo lugar porque da una respuesta a las víctimas y a la sociedad. A las víctimas porque, con independencia de que pueda haber alguna discrepancia, creo que se ha puesto de manifiesto que los autores de este hecho es el islamismo internacional de corte yihadista, de guerra santa contra los gobiernos occidentales para tratar de establecer un estado islamista. Eso es lo esencial y creo que que a las víctimas les debe dar tranquilidad saber quiénes fueron los autores y por qué lo hicieron en el contexto de esa lucha global contra la civilización occidental. Y en tercer lugar, porque se cumplen los compromisos de la Fiscalía. Como fiscal general me comprometí a que antes de que se cumpliera el tercer aniversario del atentado estaríamos celebrando el juicio y a que antes del cuarto, para que no venciera ninguna libertad condicional, habría sentencia. Y tenemos una sentencia motivada y razonada que condena a 21 responsables del hecho, lo cual me parece algo muy importante. La Fiscalía tiene la satisfacción del deber cumplido.
No dice nada de la presunta conspiración.
Creo que la sentencia desmonta todos los despropósitos que se han venido diciendo al cuestionar la labor de la Policía, del juez instructor, al descalificar a los fiscales… Todo queda desmontado porque se deja perfectamente claro que ETA no ha tenido intervención alguna, se deja claro el proceso del atentando, especialmente en cuanto al suministro de explosivos, algo que se cuestionaba, y se deja claro cómo fue su ejecución y cómo las pruebas han sido obtenidas de una manera lícita, legal y clara.
El PP habla ahora de apoyar cualquier investigación que dé con los autores intelectuales e insiste en que nada tuvo que ver el atentado con la guerra de Irak.
Los atentados islamistas son siempre resultado de una situación de conflicto, el que ellos tienen con la civilización occidental, que influye en su contexto, ya sea el palestinoisraelí o Irak. Lo realmente importante es que la autoría intelectual de los atentados es el propio islamismo radical, no necesitan más. Las células islamistas están diseñadas de una forma muy horizontal, de tal manera que en cada país se organizan las suyas y funcionan con autonomía. Aquí, las personas que murieron en Leganés, de las que la sentencia descarta cualquier duda de que se suicidaron, esos siete terroristasfueron autores materiales y al mismo tiempo organizadores del atentado: ahí tenemos a los autores intelectuales.
¿Qué opinión le merece la situación en que se encuentran instituciones como el CGPJ o el Tribunal Constitucional?
Me preocupa la situación del CGPJ porque los órganos se nombran para un periodo concreto y, cuando se traspasa de una manera tan exagerada como sucede ahora, afecta al funcionamiento del poder judicial.
¿Sirve en estos momentos el CGPJ para lo que se creó?
Tendríamos que hacer un esfuerzo, si es necesario legislativo, para despolitizarlo porque una cosa es hacer política judicial y otra intervenir en las cuestiones de política partidista.
Y con el Constitucional, ¿qué se puede hacer?
En el caso del TC la Fiscalía desde el primer momento expresó su oposición a la recusación de Pérez Tremps por motivos estrictamente jurídicos: la interpretación de las causas de recusación en un tribunal como el Constitucional, cuyos magistrados no pueden ser sustituidos, tiene que impedir la posibilidad de cualquier fraude producto de alterar su composición. Haber
estimado aquella recusación fue jurídicamente un grave error.
¿Qué responde a los que acusan a la Fiscalía de haber ido variando sus criterios según iban las negociaciones entre el Gobierno y Eta?
La Fiscalía ha actuado siempre con estricto respeto a la legalidad y la ley, según el Código Civil, se aplica en función de la realidad social del momento. El problema es que se ha cuestionado políticamente un proceso de pacificación que en ningún otro caso en los que se había intentado había sido objeto de debate político. Y cuando eso ocurre incluso se ataca a las instituciones
que están realizando su trabajo con el mayor rigor. Cualquier decisión de la Fiscalía durante ese tiempo se ha analizado desde una perspectiva política sin atender a las razones jurídicas que avalaban cada una de las decisiones.
¿Apoya por tanto cualquier intento de negociación?
La obligación de los poderes públicos es evitar que haya más víctimas. Su obligación es evitar que un terrorismo como el que sufrimos en España continúe matando. Y para ello, dentro del ámbito de la ley, se pueden adoptar ciertas medidas que forman parte de la política antiterrorista. Pero lo más importante en este momento es poner de relieve que es ETA la que, a través de
sus crímenes, ha roto las expectativas de cualquier solución y, por tanto, nosotros estamos actuando con el máximo rigor y con la máxima energía para que ETA y todos los que la apoyan sepan que su destino final será la cárcel.
¿Qué piensa entonces del procesamiento de Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares?
Creo que es un error jurídico desde un punto de vista material y procesal. La Fiscalía se ha opuesto porque entiende que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ese proceso no debería seguir adelante.
¿Dispone la justicia de medios para luchar contra la delincuencia en general y contra la corrupción en particular?
La Justicia siempre está falta de medios porque la complejidad y el incremento de los asuntos hace que las necesidades siempre vayan por delante de las posibilidades. En Anticorrupción hemos dado un avance importante porque prácticamente hemos triplicado el número de fiscales al crear delegaciones provinciales en todos aquellos sitios donde había más problemas, entre
ellos Alicante.
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante es en realidad un solo fiscal. ¿Qué responde a los afirman que las fiscalías especializadas son actuaciones de cara a la galería y que sería más operativo dotar de medios a las fiscalías ordinarias?
Es verdad que las fiscalías delegadas pueden encontrarse un poco aisladas pero cuentan con todos los medios de la Fiscalía General y hay que tener en cuenta que no sólo es un fiscal, es la antena en la provincia del conjunto de la Fiscalía Anticorrupción, que es un instrumento muy fuerte, muy potente.
¿Están preparados jueces y fiscales para investigar los delitos asociados a la corrupción?
En eso estamos. En estos últimos tres años hemos dado un avance en preparación contando con una multiplicación del presupuesto por cinco en materia de formación.
¿Tiene previsto aumentar la plantilla de la Fiscalía Anticorrupción en Alicante?
No tenemos una previsión, todo depende de las propuestas que nos hagan. En Baleares acabamos de nombrar a un segundo fiscal, en Málaga también lo hemos hecho y si recibimos una propuesta fundada de Alicante en este sentido, indudablemente también se haría.
¿Faltan tantos fiscales como jueces?
Hay insuficiencia pero en estos tres años se han puesto en marcha 350 nuevos fiscales y tenemos previsto cien más para 2008.
Somos conscientes de que no sólo Alicante, sino todo el arco mediterráneo es un área de especial sensibilidad en esta materia.
El fiscal Felipe Briones, que lleva desde su inicio la investigación por presunto trato de favor a un empresario por parte del Ayuntamiento de Alicante, ha solicitado seguir con el asunto en el TSJ, a donde el caso se ha trasladado por la condición de aforado del alcalde de Alicante y ahora también diputado autonómico. ¿Lo va a permitir?
Como fiscal general no puedo pronunciarme sobre ningún caso concreto aunque sí sé de esta petición sobre la que tendré que tomar una decisión una vez escuché a los fiscales competentes.
¿Qué piensa de la figura del aforamiento como salvoconducto de los políticos bajo sospecha?
El aforamiento trata de evitar una interferencia entre poderes y tiene cierto sentido, pero también le digo por la experiencia que he tenido como magistrado del Supremo que no sirve de nada utilizarlo para tratar de escapar de una responsabilidad penal. Si procede, se va a dictar igual en el tribunal inicial que en el competente por ser aforado.
Pero se producen dilaciones.
Es cierto, pero también lo es que el TSJ lleva menos casos y a veces un asunto se resuelve con mayor rapidez una vez que ha asumido la competencia por aforamiento. Hay un caso en la Comunidad Valenciana que precisamente el órgano judicial que lo lleva lo ha retrasado tanto que no me importaría que el imputado fuera aforado.
Se refiere al caso Fabra.
Si, se está dilatando de una manera excesiva…
Pero la condición de presidente de la Diputación de Castellón no da lugar al aforamiento.
En este caso no, pero se lo digo porque que no haya aforamiento no ha contribuidoa que el caso vaya rápido sino al revés.
Cuatro años de instrucción y ocho jueces. ¿Por qué este trasiego de magistrados?
El caso ha recaído en un juzgado que cambia permanentemente de titular y las partes también han contribuidoa que el proceso se alargue pidiendo pruebas y presentado recursos. La Fiscalía está haciendo el máximo esfuerzo pero se encuentra con obstáculos.
También han pasado un fiscal jefe y cuatro fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción asumió el hecho por su relevancia. Después ha habido efectivamente dos fiscales que fueron llamados digamos desde la abogacía privada. Pero ahora hay una continuidad de la Fiscalía, el problema se encuentra en la práctica de las diligencias.
¿De Terra Mítica, el caso Ivex o Mercalicante puede avanzar algo?
No puedo hablar sobre asuntos concretos que no conozco a fondo. Como idea general querría, como en cualquier otro caso, que se resolvieran con la mayor agilidad. El caso Mercalicante, por el conocimiento que tengo, tendrá que ir o habrá ido ya al TSJ en tanto que afecta a un aforado (por el alcalde de Alicante).
En todos los países occidentales los ataques al jefe del Estado, ya sea rey o presidente de república, tienen una sanción penal. El legislador así lo ha estimado e incluso ha establecido que competencia de la Audiencia Nacional. El hecho delictivo está y en algunas ocasiones se aplica, aunque de manera muy moderada.
AUDIENCIA NACIONAL
¿Tiene sentido un órgano como la Audiencia Nacional?
Creo que para la lucha contra el terrorismo es necesario un órgano especializado en el que sus magistrados estén mejor protegidos y dedicados a esta labor. Si no existiera, con el terrorismo islamista, por ejemplo, habría habido que inventarla. Precisamente porque nosotros la tenemos y hay otros países que no cuentan con un órgano de enjuiciamiento especializado como la Audiencia acuden a procedimientos extraños y ajenos al mundo del Derecho, como establecer cárceles en países caribeños.
¿Los jueces estrella también son necesarios?
La importancia de los asuntos que se llevan en la Audiencia Nacional acaba otorgando un especial protagonismo a los propios magistrados, protagonismo que creo que es no querido pero que les sitúa en esa posición. Digamos que es un daño colateral por pertenecer a un tribunal que yo considero necesario.
De ser posible, ¿le gustaría seguir siendo fiscal general?
Vamos a ver cuál es el resultado de las elecciones pero lo que sí puedo decirle es que estoy muy satisfecho con la función que estoy desempeñando, que me gusta mucho actuar como fiscal general del Estado y que desde luego no tengo ningún obstáculo para continuar.
HACIENDA PRESTARÁ SUS MEDIOS A ANTICORRUPCIÓN
La Agencia Tributaria y la Intervención General de la Administración del Estado prestarán sus medios a la Fiscalía Anticorrupción para ayudar en las investigaciones de este órgano judicial gracias a un convenio que se está negociando con el Ministerio de Economía y Hacienda y que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, confía en que pueda entrar en funcionamiento en la presente legislatura. Así lo anunció en declaraciones a este diario. «Las fiscalías delegadas, como la de Alicante o la de Málaga, disponen en realidad de todas la unidades de apoyo que están centralizadas en la sede de Anticorrupción de Madrid y en estos momentos estamos en negociaciones para firmar un convenio con el Ministerio de Economía para poder disponer también de unidades de apoyo de la Agencia Tributaria y de la Intervención General de la Administración del Estado. Estamos en un proceso permanente de dotación de más medios», aseguró.
El fiscal general defendió además la necesidad de la especialización. «Hoy no puede funcionar la lucha contra la corrupción con la complejidad de temas como el blanqueo de dinero, las transferencias financieras, o las redes internacionales si no fuera a través de fiscales especializados. Eso es absolutamente incontrovertible. Necesitamos especialización y dedicación exclusiva a determinados materias. Un fiscal no puede ser multidisciplinar e ir mañana a un juicio de faltas y al día siguiente hacerse cargo de un asunto de blanqueode dinero procedente de la mafias rusas. Eso requiere una continuidad en el trabajo y especialización».
EL FISCAL GENERAL ESTUDIA RECURRIR LA ABSOLUCIÓN DE EL EGIPCIO POR EL 11-M
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que la Fiscalía está estudiando recurrir la absolución de Mohamed «El Egipcio» en la sentencia por los atentados del 11-M. Conde-Pumpido hizo estas declaraciones ayer antes de su intervención en el Club INFORMACION con una conferencia que llevaba por título «El fiscal y la seguridad jurídica», una intervención presentada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo. A juicio de Conde-Pumpido, aunque Rabei Osman el Sayed ha quedado absuelto porque la justicia italiana ya le condenó por estos hechos, la sentencia del 11-M establece su relación con los atentados y por tanto se va a estudiar la fórmula para que se le
pueda condenar en España.
Conde-Pumpido expresó su satisfacción por el resultado de la sentencia de los atentados de Madrid y mantuvo que la Justicia ha actuado de manera «independiente y transparente». A su juicio, el fallo del 11-M expresa claramente que los 21 condenados más los suicidas de Leganés fueron los autores de la matanza y establece que los atentados fueron obra de una célula yihadista en colaboración con la trama asturiana. El fiscal general del Estado subrayó que la Fiscalía se había comprometido a que los autores de los atentados fueran juzgados antes de tres años. Conde-Pumpido descartó que la sentencia deje a los atentados sin autor intelectual y recordó que hay otros dos condenados como inductores.
Por otro lado, calificó de coherente y firme el criterio de la Fiscalía de pedir la absolución para el lehendekari, Juan José Ibarretxe, al considerar que no constituyen delito sus reuniones con miembros de la ilegalizada Batasuna. A su juicio, la decisión del juez instructor es «un error legal, desde el punto de vista material y procesal» y recordó que el ministerio público siempre ha tenido la misma postura desde que se abrió el caso.
Preguntado sobre el aforamiento de políticos imputados en procesos judiciales, como por ejemplo el alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi en el caso de los aparcamientos, señaló que la respuesta penal va a ser la misma con independencia del órgano judicial que lleve los hechos. Conde-Pumpido señaló que el caso de los aparcamientos debe llevarlo el Tribunal Superior de Justicia por ser Alperi persona aforada por su condición de diputado autonómico, y dijo que el aforamiento es una garantía para la separación de poderes.
La intervención del fiscal general del Estado en el Club INFORMACION estuvo centrado en explicar el papel de ministerio fiscal en la defensa de la legalidad vigente y de las víctimas, así como en velar por la seguridad jurídica. La figura del fiscal permite garantizar que las resoluciones judiciales sigan una unidad de criterio, de tal manera que la ley se aplique por igual para todos. Cándido Conde-Pumpido defendió que la actuación de la Fiscalía ha estado marcada por el principio de la legalidad frente a polémicas recientes de personas que han cuestionado algunas de las decisiones adoptadas por el ministerio público.
«Esas opiniones esconden un inconfesable dogmatismo, de corte más bien cínico. Quienes contraponen la ley a cualquiera de sus interpretaciones, demonizando éstas, lo que están defendiendo es su interpretaciónde la ley, frente a otras que no les gustan o no convienen a sus intereses. Intereses bastante interesados en la generalidad de los casos», recalcó. Conde-Pumpido defendió la creación de unidades especializadas en las fiscalías para garantizar una actuación que sea fruto del trabajo de especialistas con formación solvente y con experiencia contrastada.
En este sentido, recordó la creación de distintas secciones como las dedicadas a los malos tratos, la siniestralidad laboral, la defensa del medio ambiente, los delitos informáticos y la seguridad vial, entre otras.
EL PÚBLICO SE INTERESA POR LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA
SYLVIA ESCRIBANO / JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
Las decisiones judiciales se han visto cuestionadas en muchas ocasiones desde el alto el fuego de la banda terrorista ETA y han provocado en algunos alicantinos un escepticismo ante la independencia de la Justicia, como pudo comprobarse ayer durante el coloquio mantenido entre el fiscal general del estado, Cándido Conde-Pumpido, y los asistentes a su conferencia. No obs, el representante del Ministerio Público insistió en la independencia de jueces y fiscales y defendió que durante ese periodo «se produjeron un 150% más de juicios y acusaciones contra el terrorismo que nunca».
Ante las dudas manifestadas por los asistentes acerca de la independencia entre la Justicia y el Gobierno, Conde-Pumpido incidió en que «los jueces deciden con imparcialidad, al igual que los fiscales, pero tenemos que funcionar con transparencia para lograr la confianza de toda la ciudadanía».
A preguntas del público, consideró que las penas que recoge el Codigo Penal en la actualidad, «son bastante duras», aunque abogó por aumentar la protección de los menores.
La coferencia reunió a una destacada representación del mundo judicial de la provincia. Entre ellos de la Audiencia, Juan Carlos López Coig, así como otros representantes del ministerio público, como el fiscal antidroga, Javier Moltó; el de medio ambiente, Juan Carlos Carranza; el de delitos informáticos, Ramón Siles; y el de delitos económicos, Antonio López Nieto, así como el ex teniente fiscal de la Audiencia, hoy jubilado, Miguel Gutiérrez. Entre los representantes del mundo judicial se encontraba el presidente de la Audiencia, Vicente Magro, y el magistrado Faustino de Urquía. Otros asistentes fueron el decano del colegio de Abogados de Alicante, Mariano Caballero, y los catedráticos de Derecho Procesal Olga Fuentesy José María Asencio. Otros asistentes fueron el secretario general de la Subdelegación del Gobierno José Pérez Grau, el diputado autonómico Ángel Luna, así como los parlamentarios socialistas Juana Serna y Agustín Jiménez.
El acto contó con miembros de la Unión Progresistas de Fiscales que celebran un congreso en Alicante, como el ex fiscal del TSJ de Cataluña, José María Mena, la presidente de la UPF, Gabriela Bravo, y la fiscal de menores de Valencia, Teresa Gisbert.
