INTERVIENE
GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO. Vocal y Portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
PRESENTA
JORDI SÁNCHEZ NAVAS. Director del Club INFORMACION
CONFERENCIA
A pesar de su importancia en la sociedad, tradicionalmente la función desempeñada por los jueces se ha considerado como una actividad que debía de estar al margen de la política. Es un aforismo conocido el que ordena que se haga justicia aunque se acabe el mundo, aforismo que parece poner de manifiesto la necesidad de aislar el derecho de la Política.
Para comprender la posición o la relación de los jueces con la sociedad, y con la Política en sentido amplio, convendría tener en cuenta la evolución del juez en los dos últimos siglos.
Así la situación política en la Europa del siglo XIX podría definirse bajo el dictado de “la superioridad política del Parlamento y la supremacía jurídica de la ley”, que a la postre no fueron más que las dos caras de una misma moneda, que dio como resultado un juez funcionarial, que se limitaba a la aplicación estricta de la ley.
Durante el siglo XX con el surgimiento de la justicia constitucional como norma fundamental y la consiguiente introducción de los sistemas de control judicial de la constitucionalidad de las leyes, se perfila un nuevo modelo de justicia basada en el papel fundamental de juez y la legitimidad de sus funciones constitucionales
En nuestro país, la Constitución de 1978 implicó una transformación de la posición política de los jueces españoles, introduciendo unos mecanismos de control de constitucionalidad y de garantía de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
Así se puede afirmar que el juez es la garantía de los derechos fundamentales cuyo respeto es la base legitimadora de toda organización política.
Una vez aprobada la Constitución, cobraron una dimensión política inusitada las actuaciones, y resoluciones, de jueces y Tribunales.
El protagonismo de la intervención judicial no se debe a otra cosa que el cumplimiento estricto por parte de los jueces de su función constitucional de tutela de los derechos de los ciudadanos y de control de los gobernantes.
GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO
Vocal y Portavoz del Consejo General del Poder Judicial desde Septiembre de 2008.
Nació el 25 de febrero de 1963 en Rafol de Salem (Valencia)
Títulos académicos
Licenciada en Derecho. 1986 Universidad de Valencia
Fiscal Especialista en Menores
Experiencia profesional
Durante el periodo comprendido entre 1986 y 1987 inicio su carrera en el despacho del letrado de renombre “Manuel Del Hierro” asumiendo principalmente los asuntos de la jurisdicción penal.
Profesora asociada en el Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Valencia (curso 1993-1994)
Carrera fiscal
Ingresa en la carrera Fiscal en el año 1989, siendo el primer destino la Fiscalía de Cádiz. Posteriormente en el año 1991 es destinada a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana donde sigue desempeñando sus funciones en la actualidad como Fiscal de Menores, siendo su trayectoria la siguiente:
Desde 1991 hasta 2001 desempeño sus funciones como Fiscal en los Juzgados de Moncada, Gandia, Catarroja y finalmente Sueca.
En el año 2001 se incorpora a la Fiscalía de Menores donde desempeña sus funciones hasta la actualidad.
Fiscal especialista en Siniestralidad Laboral, habiendo formado parte de la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Valencia desde el año 2004, asumiendo no solo la relación con los agentes sociales, sino también la investigación de todos aquellos delitos referidos a esta materia cuya denuncia se presentaba en la Fiscalía fundamentalmente por la Inspección de Trabajo, así como los que por su especial relevancia asumía esta sección especializada.
Asistencia y participación en cursos y seminarios
Desde el año 1994 asistió y participo con regularidad a los cursos y seminarios de especialistas organizados desde el Centro de Estudios Jurídicos y la Fiscalía General del Estado, que han contribuido a la formación continua, para un mejor desempeño de las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal (selección ):
1.- Curso “Responsabilidad penal del Menor (6 a 8 de mayo de 2002)
2.- Jornadas de Especialización en Derecho Penal del Menor Madrid (23 a 27 de septiembre de 2002)
3.- Curso sobre Experiencias Aplicativas de la LORPME,
4.- “Alternativas a la Judicializacion de los conflictos: mediación, (6 a 8 de noviembre de 2006)
5.- Violencia juvenil, factores de riesgo”
6.- Derecho Penal de la Construcción en materia de accidentes laborales (Cádiz 2006)
7.- Seminarios de especialistas en Riesgos Laborales…. (Ávila 2007)
8.- “Los delitos contra la seguridad del trabajo. Tratamiento Penal.”
Cursos y ponencias
a participado como ponente en cursos organizados por la Generalitad Valenciana, el Centro de Estudios Jurídicos, en colaboración con la Fiscalia General del Estado, asi como en cursos y seminarios organizados por el CGPJ ( Selección):
1.- Curso de formación de funcionarios de la Administración de Justicia de la Generalitad Valenciana sobre la LORPME (noviembre 2002)
2.- Derecho de los Menores y Cooperación Internacional, organizado por el CGPJ, (Cáceres 2005)
3.- Conferencia sobre “la violencia en el ambito escolar,” organizado por la Fundación Espai Ignacio Ellacuria (Valencia 2006)
4.- Curso sobre Ministerio Fiscal y Protección del Menor” presentado ponencia escrita sobre el tema “Sustracción Internacional de menores. Especial referencia al Convenio de la Haya”
5.- Participación como ponente en el curso de especialistas de Jueces de Menores interviniendo en la materia ” Las Medidas cautelares en La Ley penal del Menor” (Escuela Judicial, junio 2008)
Coordinación y dirección de cursos y congresos
Ha participado en la organización y coordinación de Congresos nacionales destacando:
“MINISTERIO FISCAL EN EL ESTADO DE LA AUTONOMIAS”, (La Coruña 2006) dirigiendo y coordinando la mesa sobre “El Ministerio Fiscal frente a los delitos contra la seguridad en el trabajo”, presentando ponencia escrita sobre “Ministerio Fiscal ante los delitos de riesgo”, interviniendo en la redacción de las Conclusiones presentadas.
FRENTE A LA INTOLERANCIA Y EXCLUSIÓN SOCIAL” (Cáceres 2008) coordinando la Mesa sobre “Intolerancia y Xenofobia” y participando en la redacción de la Conclusiones del Congreso.
CURSO “PERSPECTIVA JURÍDICA Y SOCIAL DE LOS MENORES DEL SIGLO XXI” asumiendo la dirección del curso y presentando ponencia escrita sobre la materia “El acoso escolar, una violencia silenciosa”.
Participación en proyectos de colaboración institucional y seminarios de la Universidad
Breve selección:
Proyecto de colaboración con la Fundación internacional y para Iberoamerica de Administración y Políticas Publicas, interviniendo en las jornadas organizadas para el intercambio de experiencias. “Tratamiento de la infancia y la adolescencia por la Justicia”, (mayo 2008).
Proyecto de colaboración con la Universidad Jaume I de Castellon en el Proyecto Inmigración y Derecho Penal concedido por el Vicerrectorado de la Universidad de Castellón.
Participación como ponente en el Seminario sobre “Medidas cautelares privativas de libertad” organizado por la Universidad de Valencia.
Participación como ponente en las jornadas sobre” Derechos fundamentales y violencia de género “organizadas por la UNED de Dénia (junio 2007).
Participación como ponente en las jornadas sobre “Derechos fundamentales en las aulas”, organizadas por la UNED de Dénia (abril 2008).
Participación en el Seminario organizado por la Universidad de Valencia sobre “Derecho Penal del Enemigo”
Otras actividades
Desde el año 2005, forma parte del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales, asumiendo la Portavocía y la Presidencia de la Asociación en mayo de 2007, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como Vocal del CGPJ.
Distinción de la Asociación Valenciana de Juristas Demócratas, presentando ponencia bajo el titulo ” Luces y sombras de la justicia en el Siglo XXI. Una reflexion sobre la utilidad del Derecho” (julio 2008).
ENTREVISTA A GABRIELA BRAVO
Por MERCEDES GALLEGO
«NO ES SERIO QUE SE UTILICE EL DOLOR DE LAS VÍCTIMAS PARA FOMENTAR EL ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS»
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido incapaz de nombrar a los presidentes de tres tribunales superiores, entre ellos el de la Comunidad Valenciana, cuyos mandatos expiraron hace tiempo. ¿Tan difícil es encontrar profesionales competentes?
No es una cuestión de falta de profesionalidad. Son nombramientos en los que se tienen que consensuar trece voluntades. Y eso, en determinados supuestos, es muy difícil. No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. Pero no significa que hayamos hecho dejación de funciones y estoy convencida de que en breve se renovarán las tres presidencias.
¿Pero los nombramientos no son en realidad un intercambio de cromos?
En absoluto se puede calificar así, se actúa con mucho rigor y se tienen en cuenta los méritos y la capacidad de los candidatos.
Vista la actuación del TSJ en la trama valenciana del caso Gürtel, ¿se ha valorado que Juan Luis de la Rúa siga al frente cuando el Supremo puede devolver el asunto a Valencia y está pendiente también la admisión de la querella del PSPV por presunta financiación ilegal del PP en la Comunidad?
Las cuestiones jurisdiccionales no afectan a la política de nombramientos. Que en un TSJ haya un asunto más mediático no es una cuestión a tener en cuenta para decidir si renovar o no a un determinado candidato.
¿Cree usted que en las decisiones que adopte el TSJ de la Comunidad sobre el caso Gürtel no es determinante la presencia o no de De la Rúa?
Los jueces en nuestro país actúan con la suficiente independencia, profesionalidad y rigor y por ello confío en que se adoptarán las resoluciones conforme a derecho.
¿Definiría con esas palabras, profesionalidad y rigor, la actuación de la sala de lo Civil y de lo Penal en este caso?
No puedo entrar en valoraciones sobre actuaciones concretas, lo que sí le aseguro es que este país tiene un sistema judicial garantista.
¿Cómo se puede creer en la independencia de la Justicia cuando en órganos de la trascendencia del CGPJ o del Tribunal Constitucional se habla sin tapujos de conservadores y progresistas? ¿No debería estar la Justicia por encima de las ideas políticas?
Por supuesto que la Justicia está por encima de las creencias de cada uno. Trasladar otra imagen es un error. La trascendencia que se da a los temas mediáticos es lo que hace que el ciudadano pueda tener esa percepción. Si nos fijamos en los asuntos que salen en los medios no enumeraremos más de 18 cuando en nuestros juzgados el año pasado entraron nueve millones. Decir que la Justicia está politizada no responde a la realidad.
¿Cómo se explica entonces que medio millar de jueces se hayan adherido a un manifiesto en el que piden la despolitización de su órgano de gobierno?
Estos magistrados no dicen que haya resoluciones dictadas según criterios políticos. Lo que no comparten es el sistema de elección de los vocales del CGPJ.
¿Y usted lo comparte?
El hecho de que quienes elijan al órgano que va a gobernar al tercer poder del Estado sean los depositarios de la soberanía popular representados en el Parlamento nos legitima democráticamente. El sistema de mayorías es el que es. Y el que nos haya propuesto un grupo parlamentario u otro no significa que tengamos que seguir sus cánones. Asegurar lo contrario es una falacia aunque cada uno tenga su propia ideología. Es el reconocimiento de un estado plural.
¿Qué piensa de la propuesta lanzada por Rajoy de modificar el Código Penal para introducir la cadena perpetua?
Incorporar la cadena perpetua exige primero una reflexión sobre el derecho penal que queremos. En este país se apostó por un modelo más humanitario que, sin olvidar la pena, busca la reinserción. Por eso creo que la cadena perpetua tiene muy mal acomodo dentro de nuestra Constitución. Pero es que, además, tenemos uno de los sistemas punitivos más duros de Europa y la población reclusa más numerosa de toda la UE. Por eso me parece demagógico y poco serio lanzar estas propuestas al amparo de dramas humanos utilizando el dolor de las víctimas, a las que hay que tener muy presentes, además de protegerlas. Y no hay que olvidar las estadísticas que revelan que el endurecimiento de las penas, ni siquiera la pena de muerte, tiene los fines disuasorios que la gente cree.
¿Qué queda entonces?
Trabajar en medidas postpenitenciarias individualizadas porque creo que tenemos un sistema penal muy duro ya.
¿Eso se puede aplicar a la Ley del Menor? También piden endurecerla.
Me alarma mucho que se utilice esta ley cuando los datos demuestran que nuestros menores no son los que más delitos graves cometen. La mayoría suelen ser contra la propiedad y en la Ley Penal del Menor ya hay una respuesta importante: ¡es que se pueden llegar a cumplir medidas de internamiento de hasta diez años! Y para un menor cinco o diez años es a veces casi la mitad de su vida. Pero es que, además, la ley ha sido reformada tres veces para endurecerla. Hacer demagogia con este tema es ir contra el espíritu de la propia ley cuando tendría que regir el interés del menor. Eso, sin plantearnos si tenemos políticas sociales adecuadas o si están fracasando las administraciones y las instituciones.
¿Y las víctimas?
Yo me solidarizo con su dolor, hay que dejar que se expresen, incluso se les puede respetar hasta ese espíritu vindicativo. Pero no podemos utilizar el dolor para convertir un Estado de Derecho en un estado vengativo. Pueden ser comprensibles determinadas manifestaciones por parte de los afectados porque la rabia por ese dolor les puede legitimar, pero la responsabilidad de la sociedad es sentar ese debate desde otro punto y no utilizar esos sentimientos porque lo contrario es fomentar el espíritu vengativo, lo cual tampoco conjuga con el espíritu de nuestra Constitución.
¿Cómo se puede mantener a la Justicia al margen de la batalla política para evitar este tipo de planteamientos?
Cualquier propuesta debe plantearse en el marco parlamentario adecuado. Pero no es serio que al amparo del dolor de las víctimas se fomenten endurecimientos de leyes porque, incluso desde el punto de vista utilitarista del derecho penal, hay que ver si sirve para algo.
¿Se tendría que sancionar por dilaciones indebidas a los magistrados del Constitucional que tienen que pronunciarse sobre el Estatut?
Aunque sería deseable que ya hubiera una resolución, hay que tener en cuenta que se trata de un asunto muy complejo donde se ha cuestionado la constitucionalidad de una gran parte de los artículos del Estatut, que cada uno necesita una ponencia específica y que haya acuerdo sobre ella.
En la situación en que se encuentra este tribunal, ¿qué legitimidad ética tienen sus resoluciones?
Estoy convencida de que trabajan con mucho rigor y que no han dejado de ejercer sus funciones. Estos treinta años de democracia son una muestra evidente del gran trabajo desarrollado por este órgano, el pilar de nuestro Estado de Derecho.
¿Cree usted que los políticos involucrados en procesos de corrupción deben dimitir o esperar a que haya sentencia firme?
Esa es una cuestión muy personal que debe resolver cada uno según sus principios morales.
Si al final el Supremo concluye que regalar trajes a un político no es delito, ¿debería eliminarse el cohecho impropio del Código Penal?
No voy a hacer ninguna declaración sobre el Gürtel ni sobre ningún asunto jurisdiccional porque no corresponde al órgano de gobierno.
El vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, defendía hace unos meses en estas mismas páginas que los jueces son unos ciudadanos más y que, por lo tanto, ni deben ni pueden dejar de manifestarse sobre lo que sucede a su alrededor.
Comparto esa visión del vicepresidente de que tradicionalmente la Justicia aparecía ante los ojos de los ciudadanos como algo opaco. Uno de los retos de este Consejo es trabajar en todos los ámbitos para que haya un acercamiento y, si lo conseguimos, los ciudadanos sentirán que los jueces están trabajando al servicio de la sociedad. Pero nosotros, como órgano de gobierno que vela por la independencia de los jueces, no podemos hacer valoraciones sobre cuestiones jurisdiccionales porque se podría considerar una intromisión en su independencia. Los vocales tenemos que entender que nuestra libertad de expresión está limitada por la responsabilidad institucional. Otra cuestión, insisto, es si los jueces tienen que abrirse más a la sociedad, que yo creo que lo están haciendo.
¿Cómo se puede ser la portavoz del órgano de gobierno de los jueces siendo fiscal?
Formo parte del CGPJ como jurista y fui elegida portavoz por unanimidad. En absoluto es incompatible y tampoco debería parecernos raro. Mis casi veinte años en la carrera fiscal me han permitido tener una percepción bastante exhaustiva de los problemas que afectan a la administración de Justicia.
Un ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico llegó a decir que para imputar a alguien bastaba con ponerse de acuerdo con un fiscal. Los jueces tienen al CGPJ para defenderles. ¿Quién defiende a los fiscales?
El ministerio fiscal es una institución fundamental en nuestro sistema judicial, y así lo consagra la Constitución, al que corresponde la defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos. Por ello entiendo que los ataques a la institución que vayan más allá de la libertad de expresión afectan a la salud democrática de nuestro Estado de Derecho.
¿Piensa usted que el ciudadano cree en el sistema judicial?
Yo creo que sí, prueba de ello son los casi diez millones de casos que se registran al año. El ciudadano sigue optando porque sean los jueces quienes tutelen sus derechos y libertades.
Desde la perspectiva que le da el cargo que ahora ocupa, ¿cómo ve la situación de la Justicia en la Comunidad?
Pese a que la Comunidad Valenciana, con Andalucía, Madrid y Canarias, está a la cabeza en número de asuntos registrados, nuestra autonomía no se encuentra entre las más congestionadas.
¿Significa eso que está bien?
Significa que, a pesar del número de asuntos, el tiempo de respuesta es más rápido, lo que demuestra que los jueces trabajan mucho y bien en una sociedad muy dinámica, con un espíritu comercial importante y que además ha sido receptora de una gran masa de población inmigrante. Y esta mayor dimensión social se refleja en el número de litigios, al margen del hecho coyuntural de la crisis, que ha hecho que se dispare la carga de trabajo en algunas jurisdicciones.
¿No hacen falta más jueces?
Soy consciente de que en la Comunidad hacen falta más jueces pero las carencias de esta autonomía no son sólo la falta de juzgados. Hay tres reclamaciones comunes y que deberían ser atendidas con urgencia: falta de funcionarios, falta de formación de los interinos y falta de medios materiales. Atender a todas las exigencias para que los jueces puedan trabajar con dignidad y celeridad también es importante. No podemos olvidar que aún hay muchas sedes judiciales, entre ellas la de Alicante, que no reúnen ni condiciones de salubridad y otras con graves problemas de espacio que constituyen un obstáculo para la puesta en marcha de la nueva Oficina judicial. La apuesta por la modernización de la Justicia exige una gran implicación y voluntad política tanto por parte de la Comunidad como del ministerio, pero sólo creando juzgados no se van a solucionar nuestros males.
¿La sensibilidad de la Generalitat es similar a la de otros gobiernos autónomos?
Hay comunidades que tienen mayor sensibilidad, como el País Vasco o Cataluña, en las que ha habido siempre una mayor inversión. En la Comunidad Valenciana, al igual que en otros territorios, no se ha avanzado a la misma velocidad.
¿A qué se deben estas diferencias?
Dependen de las voluntades políticas. No puedo entender, por ejemplo, cómo en el siglo XXI una ciudad como Alicante tenga la sede que tiene. Y luego están los puntos negros que en el CGPJ nos tienen muy preocupados.
¿Como cuáles?
Como Orihuela, Torrevieja o Elche. Son los puntos negros por el gran volumen de trabajo debido al incremento de la delincuencia. Orihuela es uno de los territorios más saturados de todo el país. Con lo que queda claro que, además de la creación de nuevos juzgados para asumir esta carga de trabajo, se necesita una dotación de medios materiales y personales por parte de la Generalitat. Sin este binomio no hay solución válida.
¿Por qué se llama Fiscalía Anticorrupción a un par de fiscales sin medios?
La creación de la figura del fiscal delegado debe ir acompañada de la correspondiente dotación y esto es algo que tiene que impulsar la Fiscalía General y exigirlo a quien tiene el dinero. Si no se dispone de los instrumentos necesarios que permitan llevar a cabo una investigación tan especializada, no sirve de nada.
¿Qué Gabriela Bravo era más política, la que a los quince años despidieron del almacén de frutas en el que trabajaba por incitar a sus compañeras a una huelga o la actual?
Han pasado treinta años de aquella preadolescente que en una sociedad que acababa de despertar al espíritu democrático quería tener una voz cuando nadie estaba acostumbrado a que hubiera voces disconformes. No podía entender por qué simplemente por poner de manifiesto unas injusticias sociales te trataban de una forma despectiva. Aquella época la guardo en mi recuerdo con mucho cariño: haber tenido la posibilidad, una vez superado el totalitarismo, de vivir cómo España se adentraba en un sistema democrático creo que ha marcado mi vida. Ahora claro que hago política, formo parte de un órgano donde se hace política judicial, pero nunca en mi interior se ha adormecido esa inquietud y esa necesidad de poner de manifiesto aquellas injusticias que no deben ser tolerables. Siempre he tenido predisposición a trabajar por los más desprotegidos.
BRAVO DEFIENDE LA FIGURA DEL JUEZ COMO GARANTE DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, defendió ayer en el Club INFORMACION la figura del juez como garantía de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. La intervención de Bravo en el Club se producía en plena polémica por las consecuencias del proceso abierto al magistrado Baltasar Garzón por el Tribunal Supremo por su investigación de los crímenes del franquismo. La portavoz del órgano de gobierno de los jueces no quiso valorar el proceso al magistrado pero confió en que la decisión que se adopte finalmente será ajustada a derecho. «Otra cosa es que si los ciudadanos no están conforme con ella podrán criticarla en el ejercicio de su libertad de expresión», precisó.
Bravo defendió durante su disertación la figura del «juez político» sin sentido peyorativo. Para la portavoz del CGPJ, durante los últimos dos siglos la figura del juez era la de un funcionario que se dedicaba a la aplicación estricta de la ley. A raíz de la implantación de la justicia constitucional, se perfiló un nuevo modelo de justicia basado en el papel fundamental del juez y la legitimidad de sus funciones constitucionales. «Los jueces se convierten en el tercer poder del Estado y sus decisiones son políticas porque están al servicio de los ciudadanos», señaló.
Para Bravo, «el protagonismo de la intervención judicial no se debe a otra cosa que el cumplimiento estricto de los jueces de su función constitucional de tutela de los derechos de los ciudadanos y de control de los gobernantes».
A juicio de Gabriela Bravo, la existencia de juzgados que investigan casos de corrupción es la garantía de que el sistema funciona y que hay más eficacia, a pesar de que los implicados en estos casos ha montado sistemas de «ingeniería financiera» con el fin de burlar los controles internos del sistema.
La portavoz del Consejo defendió que sea el Parlamento quien elija a los representantes del órgano de gobierno de los jueces. «No hay que confundir el poder judicial con sus sistemas internos de gobierno», dijo. En este sentido explicó que si el Parlamento es la expresión de la soberanía del pueblo, está justificado que los representantes de los ciudadanos sean quienes elijan a los encargados del órgano de gobierno de los jueces. Para Bravo, la atención de la sociedad siempre se centra en unos pocos casos que son más mediáticos cuando realmente hay miles de sentencias y decisiones judiciales que se dictan cumpliendo con todas las garantías.
A la conferencia acudieron destacados representantes del mundo judicial y del derecho de la provincia. Entre ellos, el presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro; el juez decano de Alicante, Juan Carlos Cerón; el fiscal jefe, Juan Carlos López Coig; los magistrados de la Audiencia Faustino de Urquía y Alberto Facorro; el fiscal Javier Romero; los catedráticos de Derecho Procesal y Constitucional de la UA, José María Asencio y José Asensi respectivamente; la catedrática de Derecho Procesal de la UMH, Olga Fuentes, la responsable de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, Antonia Graells; así como el concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, el abogado José María López Coig, entre otros.
SORPRENDIDA POR LA «SORPRESA» DE CABRÉ
J. A. M.
La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, dijo ayer, en respuesta a una de las preguntas planteadas por el público, que era ella quien estaba sorprendida por las palabras del secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, que el lunes se mostró «sorprendido» por el hecho de que Bravo considerara insalubres las instalaciones de la Audiencia Provincial.
«No ha sido la primera vez ni tampoco será la última que critique las condiciones en las que están trabajando los jueces, fiscales y funcionarios de ese edificio, ya que no reúnen ni un mínimo de dignidad, ni de salubridad», aseguró, por lo que añadió que «me sorprende su sorpresa».
Bravo había reclamado el traslado urgente de la Audiencia a una sede provisional mientras se ejecuta el proyecto para hacer la Ciudad de la Justicia. Cabré, que fue fiscal en Alicante, replicó que esa solución era un parcheo y que lo urgente era hacer cuanto antes el edificio.
Para la portavoz del CGPJ, las transferencias a la comunidades autónomas de las competencias en materia de Justicia ha generado distorsiones y desigualdades entre distintos territorios. «No todos los gobiernos han tenido la misma implicación y sensibilidad en sus inversiones en Justicia, aunque el ministerio tampoco ha usado la misma velocidad en las zonas donde aún conserva las competencias», aseguró. Bravo recordó que ni siquiera los juzgados de las distintas comunidades están conectados informáticamente entre sí. De todas maneras, aseveró que le consta que todos están haciendo grandes esfuerzos para tratar de corregir estas situaciones.
Bravo recordó que el CGPJ no tiene capacidad legislativa, ni presupuesto para reformar la Justicia. «Se necesita mucha imaginación presupuestaria y optimizar los recursos para ir superando los numerosos obstáculos que nos vamos encontrando en el camino», aseveró.
