INTERVIENEN:
LUIS FERNANDO CARTAGENA. Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana
RAMÓN JEREZ. Presidente de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción e Industrias Afines (FECIA)
JOAQUÍN ROCAMORA. Presidente de la Asociación Provincial de Promotores de Viviendas de Alicante (PROVIA)
RAFAEL GOMIS. Director de inversiones crediticias de la Dirección Territorial de la CAM
MODERA:
JOSÉ MARÍA PEREA. Periodista
LOS CONSTRUCTORES PIDEN A OBRAS PÚBLICAS UN PLAN AUTONÓMICO PARA CREAR VIVIENDAS
F. J. BENITO
Nueve mil doscientas familias alicantinas -22.700 en toda la Comunidad Valenciana- se han quedado sin financiación para la compra de sus viviendas, pese a que éstas hayan cumplido todos los requisitos del Plan de Viviendas 92-95 cerrado el pasado 15 de octubre. La falta de fondos estatales, pese a la reciente inyección de 29.000 millones de pesetas, ha dejado al borde de la alarma social a una población que ve como un plan que en un principio fue muy bueno, ha terminado por amenazar conla paralización de un sector clave en el desarrollo de la provincia: la construcción.
Esta situación es la que generó el debate organizado por el Club INFORMACION que contó con cuatro ponentes claves para explicar el problema. Luis Fernando Cartagena, conseller de Obras Públicas; Ramón Jerez, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción e Industrias Afines; Joaquín Rocamora, su homólogo en Provia y Rafael Gomis, responsable de inversiones crediticias en la CAM.
Abrió el debate Cartagena, quien, demostrando un profundo conocimiento del tema, expuso durante su intervención el momento actual de un plan que calificó de muy bueno por su gran repercusión social, pero que ha terminado, según él, por poner contra las cuerdas al sector. Las 22.700 viviendas calificadas pero que se han quedado sin financiación obligan a una reacción y una salida que no es otra, según el conseller, que «la prórroga del actual plan. En un principio Borrell se mostró inflexible en su idea de aprobar un nuevo plan, pero parece que al final ha recapacitado y va a haber una prórroga técnica hasta por los menos el 31 de marzo del 96». El conseller se mostró en contra del plan que ha diseñado el MOPTMA, «pues es un antiplan», para valorar que «lo que es inviable es que el 55% de los adquirientes de viviendas hayan estado por debajo de los 3,5 millones de sueldo al año. Al final lo que ha ocurrido es que se les ha ido de las manos y no pueden plantear un nuevo plan cuando tienen parados los presupuestos del 96».
Defensor acérrimo de la opción prórroga, Cartagena dejó también claro durante su intervención en el debate que el futuro de la vivienda no pasa por construir y construir, como quieren algunos promotores. «El mercado no resuelve el problema de la vivienda y no me vale que el 85% de los españoles, alicantinos o valencianos, quieran tenerla en propiedad. El parque actual de viviendas está abandonado y me parece una insensatez. Hay que jugar con el alquiler y con la rehabilitación».
Precisamente y según apuntó Rafael Gomis, desde la CAM, estas dos opciones han sido las menos trabajadas en el plan anterior. Según los datos de la entidad bancaria, de los 91.453 millones de pesetas financiados en los últimos 4 años, un 50% fue para Viviendas de Protección Oficial (VPO) del régimen general; 25% en las del régimen especial; un 20% en las de precio tasado (VPT) y tan sólo un 2% en rehabilitación de viviendas usadas.
Plan Autonómico
Ramón Jerez, presidente de FECIA, intentó buscar una salida al grave problema, planteando a Cartagena que diseñara un plan autonómico. «Ya está bien de depender de Madrid, de Borrell, cuando la Generalitat tiene todas las competencias en vivienda». Jerez habló de la necesidad de cien mil millones de pesetas y ofreció a su sector como suscriptor de emisiones de deuda pública por valor de 50.000 millones. El conseller no quiso entrar en un principio, pero a preguntas del constructor Manuel Peláez, no descartó la opción, aunque matizó que «es complicado pues habría que tomar medidas reduciendo otras inversiones. Habría que alcanzar un gran consenso social y tendría que acabar en decisión política. Por otro lado, el sistema de gestión sería muy complejo y la Generalitat, además, no tiene capacidad de endeudamiento. Tampoco hay posibilidad por la vía de la deuda pública».
Por su parte, Joaquín Rocamora, presidente de Provia, intentó aportar serenidad al debate, aprovechando para hacer una defensa encendida de la VPT, cuyas ayudas quedan suprimidas en el nuevo plan estatal. «El actual ha acabado siendo una tragicomedia, pues fue bueno pero acabó muy mal ya que nos lo comimos en dos años y medio». Rocamora rechazó el proyecto de Borrell, «pues hay que financiar a la persona y no a la piedra» y pidió a la Administración transparencia «que se incluyan más productos» y estabilidad «para poder trabajar». El presidente de Provia advirtió que «la situación está tranquila pero si no hay avance el sector se paralizará en seis meses».
