INTERVIENEN:
MARÍA TERESA GINESTAR VIVES. Diputada provincial delegada del Sanatorio Psiquiátrico de Santa Faz
MANUEL B. FLOREZ MENÉNDEZ. Juez de Primera Instancia Número 9 de los de Alicante
PABLO GÓMEZ-ESCOLAR MAZUELA. Fiscal de la Audiencia Provincial
JOSÉ MANUEL ESPINOSA. Director del Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent
KARINA ROCHA CURRÁS. Trabajadora social, coordinadora técnica de AFEMA (Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Alicante y Comarca)
MARÍA TERESA DELGADO MERINO. Psicóloga, coordinadora del equipo de apoyo a la reinserción en el Psiquiátrico de Fontcalent de APSA (Asociación Pro Deficientes Psíquicos de Alicante)
MODERA:
JOSÉ MARÍA PEREA. Periodista
LOS EXPERTOS DENUNCIAN LA FALTA DE CENTROS DONDE INGRESAR A LOS ENFERMOS MENTALES
L. VILANOVA
El director del psiquiátrico penitenciario, José Manuel Espinosa, subrayó que «con el nuevo Código se ha eliminado una injusticia». Espinosa destacó la «poca claridad en las competencias de asistencia a estos enfermos, una vez han obtenido la libertad». El director del penitenciario manifestó que «en principio todas las comunidades pusieron pegas e incluso lo hicieron las empresas de transporte».
La representante de AFEMA (Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Alicante, Karina Rocha, realizó una intervención en la que criticó con dureza los acontecimientos que se han vivido en Alicante con motivo de la liberación de estos internos. «Se ha producido una de las mayores marginaciones y rechazos políticos», señaló. Rocha definió los psiquiátricos penitenciarios como «instituciones antiterapéuticas». Y abogó por «ingresar a los enfermos mentales que cometan algún delito en las cárceles de las comunidades autónomas con lo que se facilitaría su reinserción y se evitaría el desarraigo». Esta medida está contemplada, según aseguró el fiscal Pablo Gómez-Escolar, participante en el debate, en la reforma del reglamento penitenciario.
La representante de AFEMA recordó que «en la reforma psiquiátrica se cerraron los manicomios sin crear otros recursos. En toda la Comunidad Valenciana sólo existen dos hospitales de día». En su opinión «no existe voluntad política para solucionar este problema. Que se vean los 14 años de gobierno socialista o las disculpas “asombrosas” que da el PP diciendo de ellos no han apoyado el nuevo Código Penal». También criticó a la corporación de San Juan por «fomentar el miedo» de los vecinos. Rocha hizo ver la «situación por la que han atravesado estos días las familias de los internos liberados, con todo lo que ha salido a luz pública».
La portavoz de APSA, María Teresa Delgado, desacó que «en lo relativo a los deficientes psíquicos este problema viene de lejos. Estamos muchos años luchando para que puedan salir de prisión ya que es perjudicial para ellos. Hay muchas personas con delitos nimios que permanecen en Fontcalent por la falta de familiares que se hagan cargo de ellos. Lo que importa es que todos estos hechos sirvan para concienciar a la población sobre la falta de medios y no para alarmar».
La fijación del límite temporal de la condena de los internos del psiquiátrico penitenciario fue destacada como principal novedad del Código por el fiscal Pablo Gómez-Escolar, quien también hizo referencia a otros aspectos en la reforma del reglamento penitenciario como la colaboración con las instituciones sanitarias para los que se pongan en libertad y el favorecimiento de los convenios entre Instituciones Penitenciarias y Administraciones públicas. Gómez-Escolar también recordó que «siempre habrá un núcleo duro que no podrá beneficiarse de esta reforma» e instó a que «Generalitat y Diputación se pongan de acuerdo respecto a las competencias». Por su parte, el titular del juzgado de Instrucción 9 de Alicante, Manuel Benigno Flórez, recalcó que «no existe un vínculo entre la enfermedad y el delito que han cometido». Y señaló que «no es necesaria una autorización judicial para un internamiento civil», destacando que este aspecto parece poco conocido entre la sociedad.
La diputada de Sanidad del PP, María Teresa Ginestar, recordó la «falta de medidas de seguridad y la saturación en Santa Faz» y acusó al gobierno socialista de «elaborar una ley sin haber planificado los recursos que iban a necesitar» haciendo hincapié en que «Santa Faz es el único psiquiátrico civil de la Comunidad».
Entre las intervenciones, destacó la del padre de un enfermo que apeló a la administración ante la «imposibilidad» de ingresar a su hijo en un centro por falta de camas. Esta situación se vive en Elche con 8 camas en la unidad de agudos para más de 200.000 habitantes.
