La Huelga General prevista para el próximo día 29 se ha convertido en un tema de gran interés para los ciudadanos. El debate abordará los motivos y argumentos que rodean la convocatoria, y permitirá analizar el alcance de las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno español, así como las repercusiones que dichas medidas puedan tener en el futuro laboral y social.
INTERVIENEN
CONSUELO NAVARRO. Secretaria General de CCOO L´Alacantí-Les Marines
ÓSCAR LLOPIS. Secretario General de UGT L´Alacantí
MODERA
JORDI SÁNCHEZ NAVAS. Director del Club INFORMACIÓN
ARTÍCULO DE OPINIÓN
CONSUELO NAVARRO Y ÓSCAR LLOPIS
MOTIVOS PARA PARAR UN PAÍS
Sí, 29 de septiembre , jornada de huelga general en España. A nivel estatal convocada por CC OO y UGT pero luego en cada territorio concreto y en el caso de Alicante otras centrales sindicales, como CGT e Intersindical Valenciana se han sumado al trabajo de organización para que el 29 de septiembre los trabajadores y trabajadoras digan bien alto y claro que así no se sale de la crisis, no a nuestra costa.
Algunas consideraciones, por ejemplo, todas las conquistas de carácter social y laboral que caracterizan a las sociedades democráticas como la jornada máxima, salario mínimo, sistema de seguridad social y pensiones, normas de seguridad en el trabajo, y otras muchas han sido posibles después de grandes movilizaciones y jornadas de huelga muy duras y dolorosas. Y siempre nos encontramos con el ataque de los diferentes gobiernos y de los poderosos que decían que no servirían para nada. Recordamos que tras la huelga general del 1988, González dio marcha atrás con su plan de empleo juvenil y en el 2002, Aznar retiró ocho de las diez medidas que contenía el llamado decretazo que recortaba las prestaciones por desempleo, eliminaba derechos y abarataba el despido.
Por lo que ahora, no debemos dejarnos engañar ni desanimar por la fuerte y maliciosa campaña que desde determinados lobbies ?de comunicación, financieros y empresariales? se está haciendo contra los trabajadores y trabajadoras, por cuenta ajena o autónomos. Las organizaciones sindicales que no nos quedaremos de brazos cruzados ante la mayor ofensiva económica y sociolaboral que supone esta reforma laboral.
Y es que nosotros también tenemos derecho a defendernos, por qué debemos consentir que los bancos sigan restregando ante nuestras caras sus inmorales beneficios, por qué nada se dice sobre la huelga de la banca al no conceder préstamos a las pymes y familias, por qué los voceros interesados nada dicen cuando la banca es capaz de parar la actividad económica del país, manipular y especular con nuestra Hacienda a través del mercadeo que se llevan con la deuda pública española, por qué nadie denuncia las argucias contables de las empresas y corporaciones y sus paraísos fiscales, el altísimo nivel de fraude laboral que lleva a la miseria y desprotección a millones de trabajadores.
UGT y CC OO denunciamos aquellos que quieren que los ciudadanos nos convirtamos en esclavos del patrón. Porque esta reforma laboral y el conjunto de recortes sociales planteados por el Gobierno nos afecta ya a todos, no solo a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. Afecta a hombres y mujeres de todas las edades y condición sociolaboral. A los que hoy tienen un contrato temporal y a los que tienen un contrato indefinido, a los que trabajan en la construcción, comercio o administración pública. Nadie está a salvo si no paramos este descabello, esta reforma que deforma completamente la regulación de nuestro mercado de trabajo.
Y que nadie piense que cuando pase la crisis se recuperarán los derechos perdidos, se perderán definitivamente si ahora no demostramos en la calle, en las empresas, en todos los espacios sociales de interlocución de los que disponemos los trabajadores y trabajadoras que somos fuerza, y que estamos autorizados y legitimados para que esta sociedad no derive en una galera romana donde encadenen al remo a la clase trabajadora. Esta crisis está siendo aprovechada por las poderosas empresas, la banca y los neoliberales con sus altavoces para intentar mantener en la precariedad, la sumisión, la dominación a los hombres y mujeres que siendo ciudadanos tenemos derecho a vivir dignamente, a planificar nuestras vidas, a saber si alguien se ocupará de nosotros cuando seamos dependientes, si tendremos atención médica cuando la precisemos, si nuestros hijos tendrán una educación de calidad. Nos quieren hacer creer que actualmente se toman las medidas necesarias para resolver esta crisis, nada más lejos de la realidad, porque lo que es absolutamente necesario es reactivar la actividad económica y productiva, para que no tengamos que volver otra vez a tiempos pasados donde nuestra dependencia al sector del «ladrillo» nos ha convertido en el solar urbanizable de Europa.
Queremos que se gobierne para cambiar este modelo productivo que oriente y promueva otras actividades industriales que supongan más inversión, investigación y desarrollo sostenible, queremos que la banca favorezca el crédito para estas actividades y no para favorecer la especulación y el beneficio a corto plazo de unos pocos, solo así crearemos empleo y de calidad. Que no se mienta a la gente cuando se dice que hay que recortar las pensiones para mantenerlas en buenas condiciones, se tiene que decir que lo que hace falta es más justicia fiscal y laboral, salarios más dignos y equilibrados, y menos especulación bancaria y empresarial.
El Gobierno y los partidos conservadores no pueden rendir pleitesía a los que nos han traído paro y pobreza. El 29?S CC OO y UGT ejercemos el derecho a huelga , aunque los empresarios amedrenten a sus plantillas para que no la secunden con el argumento de defender el derecho al trabajo, algo de lo que se olvidan durante los 365 días del año.
1. Se amplían las causas para despedir.
2. Se limita la tutela administrativa y judicial de los despidos.
3.Se facilita el despido express por causas objetivas, para eliminar los salarios de tramitación.
4. Estos despidos pasan a estar subvencionados con recursos públicos.
5. En el despido objetivo, se rebaja el plazo de preaviso y la indemnización en caso de incumplirse.
6. Al legalizar los despidos, se pierde el derecho a la estabilidad en el empleo, y se produce una reducción sustancial de la indemnización por cese.
7. La reforma del despido afecta sobre todo a los actuales trabajadores fijos con mayor antigüedad.
8. Ante la misma situación en la empresa, se ha convertido más barato despedir a los trabajadores que, simplemente, cambiarles el horario o los días de trabajo, o un traslado a otra localidad.
9. En la práctica, la aportación del Fogasa supone que despedir a los trabajadores fijos cuesta lo mismo que despedir a los temporales.
10. Se facilita la utilización del despido express, sin causa y con indemnización rebajada, y sin abono de salarios de tramitación.
11. Se subvenciona el cese de estos trabajadores a cargo del Fogasa. El ministerio admitirá expresamente que la subvención se abone aunque la empresa reconozca que no tiene razones para el cese y el despido sea improcedente.
12. La financiación pública supondrá que el despido sin causa tendrá un coste para la empresa de 25 días de salario por año de servicio, en lugar de los 45 días por año del despido improcedente.
13. La empresa tendrá capacidad para suprimir los derechos establecidos en los convenios colectivos sectoriales.
14. Se amplía la capacidad del acuerdo de empresa para fijar un régimen salarial inferior al establecido en el convenio del sector.
15.- Se reconoce el poder del empresario para incumplir los derechos establecidos en los pactos y acuerdos de empresa.
16. Se podrán tramitar despidos colectivos y objetivos en las Administraciones Públicas (los que creen que serán más felices si otros trabajadores pierden derechos están de enhorabuena).
LOS SINDICATOS RECHAZAN REUNIRSE CON EL GOBIERNO PARA HABLAR DEL PRESUPUESTO UN DÍA ANTES DEL 29-S
Los líderes de CCOO y UGT decidieron ayer rechazar la invitación de la ministra de Economía para hablar hoy de los Presupuestos del Estado para 2011, por considerarla «inoportuna y oportunist», y criticaron la intención del Gobierno de querer marcar su agenda en la víspera de la huelga general.
La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, cursó la invitación a Ignacio Fernández Toxo y a Cándido Méndez, secretarios generales de CC OO y UGT, respectivamente, para mantener un encuentro sobre el contenido de las cuentas, que ya aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, cuando en años anteriores la reunión se celebraba tradicionalmente antes de dicha aprobación. Ese detalle, pero sobre todo el hecho de que la reunión se planteara un día antes de la huelga general, provocó el enfado de los sindicatos, que en un comunicado conjunto calificaron la invitación de Salgado de «tomadura de pelo» y en un acto conjunto posterior, advirtieron de que no atenderían a esa «maniobra de manipulación» del Ministerio de Economía.
Para Toxo, no se trata de un plantón al Gobierno porque fue éste, con su política económica y con la reforma laboral, el primero en plantar a los sindicatos. Méndez, por su parte, recordó que el Gobierno tenía que haberles informado sobre los Presupuestos antes de aprobarlos y añadió que lo de «hoy para mañana» es una táctica oportunista que, si se «conecta» con el llamamiento al diálogo hecho por Zapatero este fin de semana, «queda chusco y burdo». Ayer mismo, Rodríguez Zapatero se comprometió ante sus compañeros de la dirección socialista a hacer todos los esfuerzos que estén en su mano para recomponer unas relaciones fluidas con los agentes sociales tras el 29-S.
Y desde Bruselas, la ministra Salgado trató en Bruselas de quitarle hierro al asunto y aseguró que se reunirá con los sindicatos «cuando ellos deseen». También el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistieron ayer en la oferta de diálogo tras la huelga.
Servicios míninos «insuficientes»
Sobre la jornada de movilización de mañana, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, dijo ayer que si el Gobierno «no actúa como debe», la participación en la huelga será mucho mayor, pero no porque los trabajadores no quieran trabajar, sino porque se lo impedirán los piquetes o los servicios mínimos, que consideró «insuficientes».
Por otra parte, en la provincia, la subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, informó de que ayer se constituyó el comité de seguimiento, control y coordinación para garantizar el normal desarrollo del día de la huelga general. El comité lo preside Llinares y está integrado por responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del aeropuerto y puerto, carreteras, Capitanía Marítima y Protección Civil, y además está en contacto permanente con el delegado del Consell en Alicante y la Diputación.
Por otra parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Alicante señaló ayer en un comunicado que se debe garantizar tanto el derecho a trabajar como el derecho a la huelga y señaló que las Fuerzas de Seguridad no deben entorpecer la actuación de los «piquetes informativos», sino facilitar su libre circulación. La AUGC mostró su apoyo a los sindicatos que han convocado la huelga general.
