Entrada libre
PARTICIPA:
MICHÈLE SIMONNIN. Sindicalista francesa.
BLAS ORTEGA. Miembro del Comité de Apoyo de la Conferencia de Berlín.
MANUEL MARÍN. Secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT de l´Alacantí.
ANTONIO MARTÍN LILLO. Del PCE y EUPV, afiliado de CC.OO.
MODERA:
JOSÉ MARÍA PEREA. Periodista.
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BERLÍN SE PREPARA YA EN 44 PAÍSES
-En Brasil, la prepara un comité que reúne a sindicalistas de la CUT y
dirigentes del Partido de los Trabajadores. Han organizado una conferencia
el 23 de junio para constituir la oposición al nuevo tratado de libre
comercio que abarca toda América y para el cual Bush ha pedido al Congreso
norteamericano le conceda el «procedimiento rápido».
-En México tuvo lugar el 26 de mayo una conferencia trinacional
(trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá) contra la
desreglamentación, la privatización del petróleo y los acuerdos de libre
comercio.
-En Bangladesh, el congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de
Bangladesh decidió enviar tres delegados, dos de los cuales participarían en
la conferencia internacional de mujeres trabajadoras.
-En China, militantes de los sindicatos independientes piden que en la
conferencia de Berlín haya un punto específico, preparado con una
investigación independiente en China.
-En Corea, la dirección del Partido Democrático de los Trabajadores pide
participar en la preparación de la conferencia mundial.
-El sindicato independiente construido en Indonesia en el movimiento que
llevó al derrocamiento de Suharto ha decidido enviar representantes a
Berlín.
-En Europa, siderúrgicos de Bélgica, de Francia, de Alemania preparan un
encuentro contra las fusiones en el sector. En la Gran Bretañal hay
diputados que apoyan la conferencia diputados, y el sindicato de bomberos se
propone demostrar los riesgos de la desreglamentación en su sector. El
Partido Socialista Suizo de Ginebra llama a celebrar una conferencia
nacional contra la desreglamentación.
-En África, la organización de las minas, la energía y la química, que
agrupa a todas las organizaciones africanas de la CIOSL en esos sectores,
apoya la conferencia. También la UGT de Argelia. Han llegado informes de
Madagascar y de Comores sobre la situación del movimiento sindical en esos
países. En Sudáfrica se organizó a finales de agosto una iniciativa para
denunciar la hipocresía de la ONU sobre el racismo.
LAS CENTRALES ACUSAN AL GOBIERNO DE QUERER ELIMINAR LOS ACUERDOS COLECTIVOS
Las críticas a las autoridades gubernamentales por la paulatina desregulación del mundo laboral, el riesgo de progresiva sustitución de convenios colectivos por acuerdos de empresa y la destrucción de derechos sociales en el marco de la globalización constituyeron el eje alrededor del cual pivotó el debate del Club INFORMACION sobre la Conferencia Internacional de Berlín contra la Desreglamentación.
Los ponentes del debate, sindicalistas de UGT y CC.OO. que participaron en el mismo a título individual, pusieron de manifiesto los reiterados intentos de los ministerios de Economía y Trabajo por ir eliminando los acuerdos sectoriales colectivos por convenios de empresa, una práctica que, a juicio de los participantes, deriva en precariedad laboral y desprotección para los trabajadores.
La presencia en el debate de la francesa Michèle Simonnin, de la federación de trabajadores públicos del sindicato CGT-Force Ouvrière, sirvió para descubrir que el Viejo Continente aúna cuestiones laborales de calado muy similar en todos los países. La sindicalista gala subrayó el peligro de que los acuerdos de empresa vulneren convenios colectivos y destacó la paulatina «destrucción de derechos sociales» en Europa.
La Conferencia Internacional de Berlín contra la Desreglamentación servirá para encauzar todas estas denuncias y reivindicar que las clases trabajadoras no se descuelguen de la paulatina «desintegración del Estado del Bienestar», como subrayó el representante de los trabajadores públicos de UGT, Manuel Marín. Siempre a título individual, Marín puso el acento en la «desregulación de las condiciones de trabajo» de los funcionarios y la inhibición que con la función pública hace el Gobierno, al no tener en cuenta la subida de la inflación a la hora de congelar los salarios de los funcionarios. En lo que calificó de «oleada», añadió, además, que «el Gobierno se empeña en poner en manos privadas los servicios públicos», para luego sostener a esas mismas sociedades con capital estatal. Tal forma de actuar supone, a su juicio, el fracaso de la política liberal del Gobierno español que ya «fracasó» con los sucesivos gobiernos conservadores de Margaret Thatcher.
Antonio Martín Lillo, militante del PCE, IU y CC.OO., cuestionó la, en ocasiones, «tibia» reacción de los sindicatos en asuntos de importancia capital para la clase trabajadora, mientras que Blas Ortega, del comité de apoyo a la Conferencia de Berlín, sostuvo que la desreglamentación no es sino «una ofensiva del capitalismo» para limar los derechos de los trabajadores.
