Colabora: Asociación de Asesores Fiscales de Alicante
INTERVIENEN:
MANUEL LAMELA FERNÁNDEZ. Abogado del Estado, jefe del Gabinete Técnico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
EDUARDO LUQUE DELGADO. Presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales
MODERA:
RAFAEL LLORENS SELLÉS. Delegado de la Zona número 11 de la Asociación Española de Asesores Fiscales
EL GOBIERNO APROBARÁ EN EL MES DE OCTUBRE EL ESTATUTO DE GARANTÍAS DEL CONTRIBUYENTE
A. FERNÁNDEZ
Manuel Lamela trazó las principales líneas de la reforma tributaria que lleva adelante el Gobierno, entre las que señaló como novedad la presentación en octubre del reglamento sobre el estatuto de garantías y derechos del contribuyente y que entrará en el Congreso de forma inmediata, así como la Ley de corresponsabilidad tributaria autonómica, que entrará en vigor el 1 de enero. En el acto intervino también el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Eduardo Luque, y el delegado de la zona número 11, Rafael Llorens, quien actuó de moderador.
El responsable de la Agencia destacó, ante un numeroso grupo de asesores fiscales, abogados, economistas y empresarios, que «el estatuto del contribuyente supone un cambio total y radical en el modo de actuar de la Administración, ya que no se contemplan obligaciones y sí derechos y garantías».
En el texto de este proyecto se recoge como «imperativo» de la Agencia Tributaria la obligatoriedad de resolver todos los recursos en menos de un año y que las labores inspectoras deben estar motivadas y particularizadas. Otras ventajas para el ciudadano, según el responsable de la Agencia Tributaria, es que se podrán realizar las reclamaciones o cualquier solicitud en la lengua cooficial de la autonomía. El contribuyente tiene derecho igualmente a obtener copias del procedimiento en que sea parte.
Coste fiscal
En el campo empresarial, los profesionales o empresarios que vayan a abrir un negocio podrán conocer antes el coste fiscal que generará esa actividad en la propia delegación de la Agencia Tributaria. Lamela desgranó las buenas intenciones de este estatuto asegurando a nivel normativo la reducción del periodo de inspección, la obligatoriedad de la Agencia Tributaria a pagar al ciudadano con intereses de demora si se excede en los tiempos o que las sanciones no pueden ser ejecutivas hasta que no son firmes.
Algunas de las reformas tributarias fueron justificadas por Lamela por el colapso de los procedimientos administrativos, con una medida de en torno a los seis años y «por ser muy poco operativos». De esta forma, añadió que «se aborda la reforma para aligerar las reclamaciones y hacerlo de una forma decidida».
Uno de los elementos clave en el estatuto es la figura del «defensor del contribuyente», donde se podrán dirigir las quejas y reclamaciones no sólo tributarias, sino de catastro o relativas a la Hacienda territorial.
«El organismo, constituido de forma paritaria por miembros de la Administración del Estado y las asociaciones profesionales será el receptor de las quejas y sugerencias, que deberá resolver y adoptar medidas para solucionar las perturbaciones operativas», según Lamela. El consejo tendrá competencias para proponer reformas normativas o corregir actuaciones de la Agencia Tributaria y, según este responsable, «es el brazo armado de los derechos y garantías de los ciudadanos».
El responsable de la Agencia señaló que las medidas fiscales aprobadas en julio no han sido bien entendidas ya que frente al anterior concepto de «recaudación, ahora se pretende elimiar las bolsas de fraude y reconducir al contribuyente en la tributación que le corresponde».
