INTERVIENEN:
CARMEN PERONA. Abogada de Comisiones Obreras en la reclamación ante la Audiencia Nacional
FERNANDO LEZCANO. Secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras
JOSÉ MARÍA PEREA. Periodista
CARMEN PERONA CREE QUE EL RECURSO DEL GOBIERNO AL PAGO SALARIAL SERÁ RECHAZADO
J. HERNÁNDEZ
La abogada
C a r m e n
Perona, la letrada
de CC.OO. que
ganó la sentencia de la Audiencia
Nacional que condenó al Gobierno
a abonar a los funcionarios las
cantidades dejadas de percibir por
la congelación salarial de 1997,
confía en que no salga adelante el
recurso que presentó el Ejecutivo.
La letrada intervino el pasado lunes
en un coloquio organizado
por el Club INFORMACION, intentado
resolver las dudas de un
procedimiento que en la provincia
podría afectar a unos 43.000 empleados
públicos, a los que habría
que devolver 21.000 millones.
Carmen Perona espera que el
Tribunal Supremo rechace el recurso
máxime después de el Ejecutivo
intentara sin éxito que fuera
presentado por las Cortes y de que
los servicios jurídicos de Congreso
y Senado hayan descartado que la
sentencia represente una injerencia
del poder judicial en el legislativo.
La abogada afirma que «es una
pena que algún ministro sea nuestro
dirigente cuando sólo dice barbaridades
y sus propios asalariados,
que son sus abogados del Estado,
le hacen los informes diciendo
no tendríais que haber dicho
esto». Desveló que Esperanza
Aguirre ha colocado en la página
web del Senado el informe jurídico
que niega que en la sentencia
haya existido vulneración del poder
legislativo o de la ley de presupuestos,
y añadió que CC.OO. tiene
en sus manos el informe jurídico
del Congreso, que se expresa en
términos parecidos: «Dice que la
sentencia sólo habla de negociación
colectiva, que no se pueden
personar los diputados en ningún
procedimiento porque no son parte,
y que no se puede ir contra el
poder judicial. Esto es buenísimo
para nosotros, porque los propios
servicios jurídicos de Congreso y
Senado que ha intentado utilizar
el Gobierno son contradictorios a
su posición».
En cuanto a la sentencia, la letrada
cree que es «muy buena»,
pese a lo cual CC.OO. pidió una
aclaración porque el fallo hablaba
de funcionarios públicos en lugar
de empleados públicos. «La Audiencia
Nacional contestó que no
había nada que aclarar porque la
sentencia afecta al ámbito del
acuerdo» firmado por sindicatos y
Gobierno en 1994. Es decir, que
afecta a funcionarios del Estado,
de administraciones autonómicas
y locales «directamente o por extensión
de sentencia».
En el turno de preguntas, Perona
aconsejó no reclamar hasta que
la sentencia sea firme puesto que
las reclamaciones que se presenten
antes serán desestimadas; no
cuantificar cantidades y dejar que
sea Hacienda la que calcule «porque
si un trabajador pide una cantidad
errónea, le pueden acusar de
mala fe»; y hacer la petición individualizada
«aunque CC.OO. y el
Gobierno podrían negociar un sólo
pago de oficio que además a la
Audiencia Nacional le vendría
bien para no quedar colapsada al
tener que ejecutar tantas sentencias
».
La letrada explicó que una vez
que la sentencia sea firme el plazo
de petición de ejecución será de
un año y que el Gobierno tendrá
que realizar el pago en un máximo
de tres ejercicios presupuestarios.
Aseguró que militares y directores
generales han consultado al sindicato
sobre sus cantidades.
Por su parte, el secretario de la
Federación de Enseñanza de
CC.OO., Fernando Lezcano, que
también acudió al Club, afirmó
que «se ha hablado mucho del dinerado
adeudado, pero lo fundamental
de la sentencia es que dice
al Gobierno que los pactos firmados
con organizaciones sindicales
tienen absoluta legitimidad, que
no pueden ser alterados unilateralmente
y que la Administración debe
ir a la mesa a negociar con buena
fé». Según Lezcano, la sentencia
reconoce la perseverencia y
convicción de un sindicato en lo
que creía justo, restablece «la dignidad
» de la profesión del empleado
público y le permite «mirar con
los ojos altos y a la cara a los demás
trabajadores».
Profesores, sindicalistas y políticos
Alrededor de doscientas
personas se dieron cita el pasado
lunes en el salón Albufereta
del Hotel Meliá para escuchar
los argumentos de la
abogada Carmen Perona y
preguntar todo tipo de dudas
sobre la sentencia y su ejecución,
en caso de que el recurso
del Gobierno no salga adelante.
Entre los asistentes se encontraban
miembros del sindicato
CC.OO., al que representó
Perona ante la Audiencia
Nacional, como el secretario
comarcal José de la Casa o
el responsable de Sanidad del
sindicato, Salvador Roig.
También hubo representantes
de UGT, CSIF, SUP, del propio
Instituto Nacional de la
Seguridad Social. No quiso
perderse el acto la diputada
autonómica socialista Dolores
Mollá, que además es profesora,
y junto a ella, había numerosos
enseñantes, trabajadores
de Sanidad, Correos y
otros empleados públicos.
También fue Ángel Franco.
