INTERVIENEN:
VICENTE MAGRO SERVET. Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante
SANDRA PEINADO MARTÍNEZ. Magistrada-Juez Titular del Juzgado de 1ª Instancia Nº 6 de Elche
MODERA:
JESÚS ALONSO BACIGALUPE. Director del Club INFORMACION
VICENTE MAGRO – PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
Entrevista por JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
«LOS CIUDADANOS NO VAN A APOYARNOS EN NUESTRAS REIVINDICACIONES SI VAMOS A LA HUELGA»
Tras un año de aguas turbulentas en la Administración de Justicia por la falta de medios, el conflicto ha dado un paso más esta semana con la adhesión de la junta de jueces de Alicante a la convocatoria de huelga para el próximo 18 de febrero, una decisión que también han respaldado las juntas de jueces de las principales ciudades en España. En la Audiencia la postura ha sido la de dar un plazo de espera hasta junio. ¿Qué opina usted sobre la huelga?
Los magistrados en la Audiencia decidimos esperar porque ya había una negociación en marcha con el Ministerio de Justicia por parte de las asociaciones judiciales. Respeto la decisión de los jueces de Alicante, pero anunciar una huelga ahora es anticipar el resultado de esa negociación, que todavía no ha terminado. Con esta huelga, por un lado, se da por supuesto que el Gobierno va a rechazar todas nuestras demandas; y, por el otro, el Ministerio desconoce ahora quién es su interlocutor válido en la negociación. De todas maneras yo creo que una huelga no es el medio más adecuado, porque el principal perjudicado es el ciudadano. Lo vamos a tener en contra porque no va a entender nuestras reivindicaciones al ser el principal perjudicado por estas protestas. En caso de que la huelga sea una realidad, espero que se aplique la legislación laboral y unos servicios mínimos. Aunque estoy convencido de que los asuntos urgentes no se van a dejar de lado.
¿Qué opina de la propuesta de algunos jueces de trabajar ajustándose estrictamente a lo que marca el reglamento?
Yo creo que es una forma de huelga encubierta. La realidad es que los jueces no tienen horario. Buena parte de las sentencias las hacen en su casa por la tarde o durante el fin de semana, porque se pasan la jornada laboral en la sala de vistas celebrando juicios y no tienen tiempo material para resolver. Poner esas sentencias en su jornada laboral significa que ese día no van a señalar ningún juicio y eso se traduce en retrasos. El problema es que durante demasiado tiempo las carencias de la Justicia se han dejado en manos de la buena voluntad de los jueces. Ahora mismo están trabajando hasta un 120% por encima de su capacidad y es una situación a la que no se le ve salida. Esto ha provocado el estallido del colectivo.
¿No encuentra contradictoria la postura de la Audiencia con lo acordado por la junta provincial de jueces?
Para nada, ya que los dos perseguimos solucionar los problemas de la Justicia, aunque hayamos optado por métodos distintos. No critico en modo alguno la decisión de mis compañeros que han querido ir a la huelga, pero el Ministerio todavía no ha respondido nada sobre lo que le pedíamos. De todos modos, pienso que los problemas que tenemos son urgentes y se deben arreglar ya. Hasta ahora se nos ha venido dando el 30% de lo que pedíamos.
¿Ha notado el ambiente enrarecido entre el colectivo judicial?
Hay bastante tensión porque hay compañeros que han dicho que ya no pueden más. Durante años, los jueces hemos sido bastante prudentes y preferido callar. El problema ha llegado cuando nos encontramos con se nos pretende culpar de las carencias de la Justicia. Además nos encontramos con un aumento demográfico, de la criminalidad organizada y de los pleitos económicos con motivo de la crisis. En definitiva, una carga de trabajo difícil de asumir. No es de recibo que en Contencioso se esté señalando para el 2011, ni que una simple reclamación de deuda tarde dos años en resolverse. Hay compañeros que han dicho ¡basta! y han pasado de no pedir nada a pedirlo todo. Lo que quieren es que el ciudadano sepa que ellos no son los responsables de estos retrasos.
JUAN CARLOS CERÓN – JUEZ DECANO DE ALICANTE
Entrevista por N. IGLESIAS
«EL SÍ A LOS PAROS ES LA FORMA DE PEDIR UN CALENDARIO SERIO DE MEJORAS TRAS AÑOS DE ESPERA»
La decisión de los jueces de la provincia de respaldar de manera mayoritaria la convocatoria de huelga el próximo 18 de febrero ha supuesto una medida sin precedentes. Cansados de esperar unas mejoras que nunca llegaban, los profesionales han dejado a un lado su silencio para exigir una respuesta por parte de las administraciones. ¿Cómo valora usted la determinación del colectivo ante los paros?
El resultado de la junta provincial del pasado 21 de enero dio el sí a la huelga de una forma mayoritaria y muy positiva. Había dos posibilidades y nosotros nos decantamos por secundar los paros más inmediatos. Los jueces llevamos mucho tiempo pidiendo mejoras, presentando quejas por nuestra situación. El colectivo está ahora ante una realidad insostenible y ésta ha sido la vía para exigir al Ministerio de Justicia un calendario con fechas y plazos de cumplimiento.
Frente a la decisión de la junta de secundar la protesta, la Audiencia provincial se decantó por esperar ¿No cree que esta situación refleja cierta división?
Sobre la mesa había dos posibilidades sobre las fechas para realizar las protestas. En mi opinión, las dos opciones tanto la defendida por la junta como por los magistrados de la Audiencia son defendibles y razonables. En definitiva, todos buscamos que la Justicia mejore, por eso no podemos hablar de división.
¿Qué expectativas tienen en la reunión del lunes entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ? ¿Cómo puede influir en la convocatoria de huelga?
Estamos pendientes del encuentro y de los compromisos que puedan salir de estas negociaciones. Nosotros no hacemos esta huelga contra nadie, es una cuestión de avanzar, por ello conseguir las mejoras debe ser el objetivo y no las protestas. Para nosotros es de agradecer la postura dialogante del Ministerio y de las asociaciones, que están trabajando para conseguir un acuerdo satisfactorio.
¿Qué compromisos son para usted indispensables?
Más inversión para la Justicia. Estamos en porcentajes de un 1% frente al 3,5% de otros países. Este presupuesto es necesario para crear más órganos, para ajustar las ratios de trabajo y realizar nuestras funciones con la calidad que esta profesión requiere. Somos conscientes de la situación económica actual y también flexibles en nuestras posturas, pero necesitamos saber que nuestras peticiones tendrán respuesta.
¿Cómo calificaría la situación actual en los juzgados?
La situación es agobiante, por poner un ejemplo en la jurisdicción civil se ha aumentado en más de siete mil asuntos en tan sólo un año y los juzgados de lo social afrontan las mismas dificultades. No podemos seguir trabajando por encima de los módulos razonables, ya que sería hacerlo a costa de la seguridad.
¿Por qué cree que la Justicia ha llegado a esta situación de retraso?
La administración de Justicia es una de las más olvidadas, tal vez porque los resultados de las inversiones sean menos visibles. Aún así, quiero destacar el compromiso del CGPJ que desde su entrada ha comenzado un trabajo intenso, presentado un proyecto de reforma con plazos para ponerlo en marcha.
¿El caso del juez Tirado ha supuesto un punto de inflexión para el colectivo?
Desde mi punto de vista, este asunto no ha sido el desencadenante del momento que estamos viviendo ahora. Ha sido un episodio que tal vez sí nos ha hecho, de una manera más generalizada, sentarnos a pensar sobre la situación que está viviendo la Justicia, la forma en la que trabajamos. Estamos circulando a una velocidad de 160 kilómetros por hora por una autopista limitada a 120.
EL ÓRDAGO DE LOS JUECES
MERCEDES GALLEGO
Si nada lo remedia, los jueces de la provincia de Alicante, junto con los de al menos dieciséis ciudades del país, secundarán el próximo 18 de febrero la que será la primera huelga de este colectivo, una medida de presión insólita sobre cuya legalidad existen opiniones enfrentadas. Sea o no legal, el hecho es que 106 magistrados de un total de 132 asistieron a la junta provincial celebrada el pasado jueves en el Palacio de Justicia de Benalúa en la que por 78 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones los jueces decidieron ir a la huelga el mes próximo en vez de esperar a la convocatoria de junio, postura por la que se han decantado sus colegas de la Audiencia.
De entrada, esta aparente división, que en el fondo no es tal, tiene su lógica. A nadie se le escapa que el volumen de trabajo y las condiciones en que tienen que sacarlo adelante los jueces de las poblaciones más pequeñas son considerablemente más tercermundistas que a las que se enfrentan sus compañeros de la Audiencia. Ahí habría que buscar la explicación a esta premura ?la mayoría de los asistentes a la junta del jueves procedían de juzgados de la provincia, en echarse a la calle de no ser porque estos mismos magistrados llevan lidiando ya demasiado tiempo con estas carencias como para reaccionar ahora, en pleno proceso negociador con el Ministerio de Justicia, con tanta prisa.
Cierto es que la litigiosidad se ha incrementado de un modo espectacular en los últimos años -fundamentalmente en el ámbito civil y social como consecuencia directa de la crisis? y que garantías de carácter procesal -como la obligatoriedad de la presencia del juez en las actuaciones- han sobrecargado aún más a unos profesionales que ya iban desbordados. Verdad es también, como este periódico lleva denunciando más de una década, que las carencias en material son vergonzosas, que hasta hace no mucho los ordenadores se utilizaban como máquinas de escribir porque no había programas, que faltan hasta fotocopiadoras o que aun hoy sigue siendo un sueño la interconexión de ficheros para controlar ejecutorias y reincidentes. Y todo ello unido a la falta de preparación del personal auxiliar con que se cubren las bajas.
Nadie pone en duda estas necesidades endémicas no resueltas como nadie, ni tan siquiera quienes defienden la huelga de febrero, niega que en los últimos cuatro años la inversión en Justicia ha sido superior, aunque no suficiente, a la registrada en los ocho años anteriores. ¿A qué se debe entonces esta reacción ahora? Sin entrar en si la protesta tiene o no aderezo ideológico, la respuesta se llama Tirado. Pero no por solidaridad con el juez del caso Mari Luz, ni por algo tan inherente a este colectivo como es el corporatismo. Lo realmente determinante en la reacción de los jueces ha sido el miedo a que algo parecido les pudiera ocurrir a cualquiera de ellos. Existiendo pues los motivos de base, el asunto Tirado -y la postura defensiva ante el asumido descontrol de las ejecutorias que ha provocado- ha sido la chispa que ha prendido la mecha del descontento que ha conducido a la premura con la que ahora se están exigiendo respuestas. Y eso cuando asumido está que, salvo en cuestiones de plantilla y material y en lo tocante al incremento de las retribuciones o del importe de las guardias -que no todos los jueces cobran-, las soluciones del Ministerio no pueden ser efectivas a corto plazo. Poco soluciona, por ejemplo, crear más plazas de juez, aunque cierto es que nuestra ratio está por debajo del resto de la Unión Europea, si las que se convocan quedan desiertas por falta de preparación de los opositores.
Tratamiento aparte merecen las cuestiones de índole material, competencia exclusiva del Consell. Crisis presupuestarias aparte, no tiene nombre que Alicante sea la única de las tres capitales de la Comunidad que no tenga todavía una Ciudad de la Justicia ni se vislumbre cuándo pueden comenzar las obras para que la eterna promesa de concentrar todas las dependencias judiciales en unas instalaciones dignas se haga realidad. De nada sirve tampoco que para solucionar el colapso de la Justicia se creen más juzgados si no se dotan o se hace tarde y mal. Responsabilidad que, lo cito por lo paradójico de la situación, tenía en la Comunidad Fernando de Rosa como conseller de Justicia hasta que se incorporó al CGPJ, desde donde se ha manifestado a favor de la huelga en lo que vendría a ser una protesta contra su propia gestión.
Inventariadas todas las carencias y comprendiendo el hartazgo que con sobrada razón arrastra una buena parte del colectivo de jueces de la provincia, quizá habría sido más rentable, pese a ello, aguardar al fin de las negociaciones para lanzar un órdago que, además de deslegitimar a sus representantes en los encuentros en el Ministerio e ir cargado de una elevada dosis de impopularidad, puede, precisamente por esto, perder una buena parte de la efectividad que se busca.
MAGRO PIDE UN REFUERZO INMEDIATO DEL 21% EN LA PLANTILLA DE JUECES
N. IGLESIAS
El presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, reclamó ayer un aumento de más del 21% en el número de profesionales que trabajan en la provincia para poder dar cobertura al repunte de casos que llegan a los juzgados. Magro, que participó ayer en una jornada de debate celebrada en el club INFORMACION junto a la titular del juzgado de Primera Instancia número 6 de Elche, Sandra Peinado, afirmó que las plantillas de jueces y magistrados deben alcanzar la cifra de 191 ?de los 157 actuales?. Una propuesta acorde a las necesidades de juzgados y plazas reclamadas para Alicante, entre las que figuran 31 nuevas unidades judiciales.
El máximo representante de la Audiencia, quien debatió junto a Peinado las posturas a favor y en contra de la huelga del próximo 18 de febrero, expresó que esta necesidad de medios humanos y materiales debe ser motivo de las reivindicaciones del colectivo pero descartó la huelga como fórmula para exigir una mayor atención de las administraciones.
En esta línea, apostó por la vía de la negociación entre los responsables políticos y los judiciales, ya que «una postura de brazos caídos y la huelga no mejoran las protestas, ya que provocan perjuicios para el ciudadano y alteran el proceso negociador».
Por su parte, Sandra Peinado respaldó el sí a la huelga como una medida necesaria para protestar por las «injerencias» del poder político en el ámbito judicial. Un aspecto que, según subrayó, se «ha podido comprobar en el desarrollo del caso Tirado». La juez insistió en que estas reivindicaciones «representan el sentir de una gran parte de la carrera judicial, en especial de sus bases» y descartó cualquier «tipo de trasfondo político» en la decisión del colectivo de acudir a los paros.
Peinado subrayó, además, que «la falta de inversiones, teniendo en cuenta las deficiencias de la Justicia», la carencia de profesionales y plazas, junto a otros problemas que arrastra esta parcela como «la baja formación» de muchos de los trabajadores que acceden a los juzgados o el retraso tecnológico «han llevado la situación a un punto insostenible y tercermundista».
De esta manera, indicó que se ha adoptado esta medida tras observar que las negociaciones con el Ministerio de Justicia «no avanzaban hacia ningún punto». Motivos por los que «en los próximos días se trasladará la convocatoria formal de huelga tanto al Ejecutivo como al Consejo General del Poder Judicial, y se recurrirá cualquier postura que nos impida el desarrollo» de esta propuesta acordada por el colectivo.
Ambos ponentes encontraron puntos comunes especialmente en las malas cifras en las que se mueve la Justicia. En este sentido, Vicente Magro puso el acento en el «importante» incremento de asuntos que están llegando a los tribunales a consecuencia de la crisis, la mayor gravedad en los delitos relacionados con la delincuencia organizada, o «el alto índice de conflictividad en todas las áreas de la sociedad, asuntos que acaban judicializándose».
Por todo ello, exigió la «creación inmediata de 33 plazas de jueces en la provincia», un total de 100 en la Comunidad, como respuesta también al aumento demográfico. Magro advirtió de que la autonomía tiene la peor ratio de jueces por habitante con 8,99 por cada 100.000 ciudadanos frente a la media nacional de 10,5, y se sitúa como la tercera con peores números de toda España.
Tanto Magro como Peinado reivindicaron también situar al secretario judicial en el lugar que merece en la escala profesional, como «jefe de la oficina judicial», así como la activación de una bolsa de jueces que «pasarían a formar equipos de apoyo para aquellos juzgados con mayores problemas de saturación».
