INTERVIENEN:
VICENTE GIMENO. Magistrado del Tribunal Constitucional
FAUSTINO DE URQUÍA. Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante
MIGUEL GUTIÉRREZ. Teniente-fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante
ISIDRO ECHÁNIZ. Decano del Colegio de Abogados de Alicante
MARIO SERRA. Miembro de un jurado experimental en Alicante en 1992
MODERA:
JOSÉ MARÍA PEREA. Periodista
LOS JURISTAS ALABAN EL JURADO PERO LLAMAN LA ATENCIÓN SOBRE LAS LAGUNAS DEL PROYECTO
MERCEDES GALLEGO
El presidente de la Audiencia Provincial, Faustino de Urquía, abrió el turno de intervenciones jugando el papel de «abogado del diablo» del proyecto de la Ley del Jurado. Y soltó a bocajarro una de las cuestiones que introduce y que, a juicio, puede plantear un problema grave: la prevalencia del Ministerio Fiscal sobre el juez instructor con lo que conlleva el hecho de que el primero sea designado por el Gobierno mientras que el segundo goza de independencia respecto al poder Ejecutivo. Dejó claro De Urquía que no se trata de ser corporativo y llamó la atención sobre el papel determinante que en casos como los de El Nani, el comisario Ballesteros o la trama de los GAL ha jugado la acción popular, una posibilidad que ahora pierde fuerza.
El teniente fiscal de la provincia, Miguel Gutiérrez, asumió e hizo suya la reflexión lanzada por De Urquía, y tras autocalificarse como «un fiscal atípico», comenzó su discurso conectando la importancia del jurado «con la necesidad de atajar una corrupción que puede acabar por aniquilarnos».
Legitimar la Justicia
A partir de ahí -no en vano fue uno de los autores junto al magistrado Vicente Gimeno del primer borrador de la Ley del Jurado hace ya de eso una década- cada palabra que salió de su boca fue encaminada a justificar y argumentar porqué el jurado tiene que existir. Esgrimió razones tan simples como indiscutibles y contundentes. «El jurado es una realidad incumplida, la legitimación del pueblo y de la propia Justicia porque la legitimidad -precisó- no puede venir por aprobar unas oposiciones y al dictar una sentencia no hay que olvidar que se está ejercitando un poder del Estado».
Gutiérrez hizo hincapié en que no se haya establecido la posibilidad de que el jurado actúe también en segunda instancia y abogó por ampliarlo a otras jurisdicciones, como a social.
Tras la intervención del teniente fiscal, que arrancó varias sonrisas de las gradas, la del decano del Colegio de Abogados de Aliante, Isidro Echániz, cayó como un jarro de agua fría. Se quejó Echániz, utilizando las palabras en un tono que transpiraba malestar, de caso omiso que el Ministerio de Justicia ha hecho a la opinión de la abogacía «cuando es un colectivo que desde siempre ha fomentado la figura del jurado». Para Echániz, la reunión a la que fueron convocados todos los sectores relacionados con la Administración de Justicia para conocer su opinión sobre el anteproyecto «fue una operación de imagen con la intención de vender un consenso que no existía. No se nos ha escuchado y por eso la abogacía se retiró. Se ha notado mucha prisa por aprobar el proyecto cuando se trata de temas de mucha envergadura».
El magistrado del Tribunal Constitucional, el alicantino Vicente Gimeno Sendara, no tuvo reparos en mostrar su alegría porque, por fin, comience a ser realidad este proyecto aunque, según precisó y coincidió con Gutiérrez y a medias con De Urquía, él hubiera preferido un sistema mixto -en el que un juez participa en las deliberaciones con los jurandos y motiva las sentencias- en vez del puro que se ha ideado para España y que, según dijo, puede acarrear problemas.
Mario Serra, un vecino de Alicante que participó en un jurado experimental, aseguró no tener palabras para explicar lo que sintió pero fue gráfico al afirmar: «Algo así como cuando tienes un hijo».
