En colaboración con la Mesa de Trabajo contra la Reforma de la Ley de Extranjería
INTERVIENEN:
ÁFRICA BELTRÁN. Profesora asociada del Área de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante
DIAMOY DRAME. Inmigrante mauritano que acaba de regularizar su situación después de trabajar en ello durante cinco años. Con una breve presentación de Ana Álvarez, abogada de Alicante-Acoge que ha trabajado en el caso. Traducción consecutiva de Pep Buades, abogado del Centro Loyola
ROSELA LAPO. Inmigrante ecuatoriana que se ha acogido al último proceso de regularización extraordinario. Con una breve presentación a cargo de Mari Carmen Hernández, trabajadora social de Alicante-Acoge que ha trabajado en el caso en los dos últimos años
PRESENTA Y MODERA:
JOSÉ MARÍA PEREA. Periodista
UNA EXPERTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL TACHA DE RETROCESO LA LEY DE EXTRANJERÍA
MARÍA JESÚS SÁNCHEZ
Mi opinión
es que la
nueva ley supone
un retroceso importante
para nuestro país y deja
sin resolver grandes temas que estaban
pendientes», expresó la profesora
asociada de Derecho Constitucional
de la Universidad de Alicante,
África Beltrán. Su exposición
se enmarcó en el debate «La
reforma de la Ley de Extranjería»,
organizado el miércoles por el
Club INFORMACION en colaboración
con la Mesa de Trabajo de
Alicante que se ha creado contra la
puesta en marcha de esta legislación
que se aprobó el viernes.
La mesa de debate estuvo integrada
también por el policía Roberto
Vinuesa, destinado en el
Grupo de Extranjeros de la Comisaría
Provincial, y por los inmigrantes
Diamoy Drame y Rosela
Lapo, que relataron sus experiencias
personales. Como moderador
intervino el periodista José María
Perea, quien recordó que la reforma
de la ley ha suscitado un relevante
debate social, además de
romper el consenso entre las fuerzas
parlamentarias y el diálogo
con sindicatos y ONGs.
África Beltrán, que fue jefa de la
Oficina de Extranjería, comparó
las diferencias entre la vieja y nueva
ley, detallando la pérdida de derechos
y la discriminación que supondrá
su aplicación, respecto a
los ciudadanos de la UE, ya que
quedan restringidos aspectos básicos
de integración social como el
voto y la reagrupación familiar.
La experta destacó que se vulnera
con la nueva ley un derecho
fundamental, el de la tutela judicial
efectiva y la asistencia jurídica,
al suprimirse para inmigrantes rechazados
en la frontera. Otro punto
que desaparece es que los consulados
deban motivar las causas
de una denegación, que a partir de
ahora sólo se exige para casos sobre
trabajo y reagrupación familiar.
El tiempo de estancia se reduce
a tres meses y se amplia a cinco
años, antes eran dos, el tiempo de
residencia para poder regularizar
su situación.
El trabajo es otro camino lleno
de obstáculos con la nueva ley,
aunque sectores como la agricultura
y la construcción demandan
cada año 300.000 puestos que no
se cubren. El régimen sancionador
será más severo y una novedad
será multar el transporte ilegal
de extranjeros, contemplando
multas desde un millón y hasta
diez millones de pesetas.
Por su parte, los inmigrantes
Diamoy Drame y Rosela Lapo describieron
las vivencias de su lucha
para intentar alcanzar una vida
mejor. Dramoy pudo escapar de la
Policía en el aeropuerto de París,
cuando iban a expulsarlo y Rosela
tuvo que aceptar vivir separada de
su marido para no perder su trabajo,
aunque una vez ya en Alicante
fue acusada de robar joyas en la
casa que trabajaba para no pagarle.
Ambos cuentan con el respaldo de
Alicante Acoge.
«Tener tres normas legales no es bueno»
Para el agente Rodolfo Vinuesa
del Grupo de Extranjeros,
«no es bueno que en un
año tengamos tres normas legales
para controlar a los extranjeros
» y remarcó que «las
leyes son de obligado cumplimiento
», eludiendo opinar sobre
la eficacia o no de la ley.
Cuando un asistente le preguntó
cómo se siente la Policía
al perseguir una infracción administrativa
expresó que «a veces
bien y otra mal, como todo
el mundo. La Policía también
tiene a veces algo de ONG».
