INTERVIENEN:
JOAQUÍN COLOMER SALA. Conseller de Sanidad y Consumo de la Generalitat Valenciana
MARÍA TERESA COIG. Responsable de acción sindical de la Federación de Trabajadores de la Salud de CC.OO. del País Valenciano
JOSÉ LUIS MAS. Secretario de Información del Sindicato de ATS (SATSE)
JOSÉ VICENTE GARCÍA. Secretario general del Sindicato Médico Independiente de Alicante (SMYA)
MIGEL USÓ. Secretario del sector de Sanidad de la FSP-UGT
MODERA:
JOSÉ MARÍA PEREA. Periodista
JOAQUÍN COLOMER ANUNCIA QUE HABRÁ 661 MILLONES PARA REDUCIR LAS LISTAS DE ESPERA EN ALICANTE
ROGELIO FENOLL
Si en algo hubo acuerdo la noche del martes entre el conseller de Sanidad, Joaquín Colomer y los representantes de CC.OO. María Teresa Coig, de UGT Miguel Usó, del SATSE José Luis Mas y del SMA José Vicente García, es en que no se puede atajar este problema social sin contar con la opinión y colaboración de los profesionales sanitarios, aunque esto se interprete de muy diversas maneras. Sólo el conseller se metió en el áspero mundo de las cifras, pero no para dar a conocer los datos que sobre listas de espera quirúrgicas y de diagnósticos posee la administración, sino para demostrar la actividad quirúrgica de los últimos cuatro años en toda la Comunidad Valenciana.
Con la ayuda de un proyector, Colomer dio los siguientes datos: operaciones: 83.000 en 1990; 88.000 en el 91; 96.000 en el 92 y 100.000 en el 93. Operaciones realizadas dentro de los programas especiales para disminuir las listas: 4.268 en el 90; 5.277 en el 91; 12.357 en el 92 y 5.381 en el 93. Gracias a los conciertos con clínicas privadas se hicieron entre el 90 y el 93 otras 58.000. Esto da un total, sumando las operaciones urgentes, de 613.000 personas operadas en la Comunidad Valenciana en ese periodo.
Para el titular de Sanidad esto demuestra que «la actividad quirúrgica es creciente» pero subrayó que no se ha podido hacer más porque las Cortes rechazaron una propuesta para hacer desaparecer de las listas a aquellos que llevan más de 180 días, aunque agregó que «esperamos llegar a conseguir una disminución evidente con los conciertos y los programas especiales».
A continuación presentó su plan para reducir las listas. «Hay dispuestos 661 millones para 1994 para usar en la provincia de Alicante», mediante la descentralización de los recursos: «Ya no será la odiosa administración la que decida y cargue con todo. Ahora son los profesionales. Ellos van a decidir qué operar, cuántos y quiénes serán derivados porque no se puede con todos. Todo ello con una notable vigilancia», manifestó la noche del lunes. Para ello se crearán las «juntas clínicas» formadas por todos los jefes de servicio de cada hospital. «Es cómodo criticar», agregó, «pero estamos en un camino y en condiciones para poder cumplir lo que yo quería resolver y presenté a las Cortes para resolver en seis meses. Esa es nuestra actuación, pero es una responsabilidad de todos los profesionales sanitarios. Me comprometo a la solución de este problema. Colaborando andaremos todos muchos más el camino. Acepto sus ofrecimientos», dijo en respuesta a las intervenciones previas de los cuatro sindicalistas, cargadas de propuestas en unos casos y ácidas críticas en otros.
El tono de las intervenciones lo elevó notablemente el secretario general del Sindicato Médico de Alicante, José Vicente García, quien calificó de «peonadas» -término por el que se les denomina en algunos círculos hospitalarios- los programas especiales que «no han sido una solución a las listas». Con todo, García dijo que los precios estipulados en los distintos programas anuales son muy bajos y afirmó que la Sociedad Valenciana de Cirugía ha recomendado a los facultativos no entrar en esa dinámica.
Todos los sindicatos coincidieron en denunciar la «nefasta» (García) planificación de la Conselleria; la existencia de casos que se agravan mientras aguardan su turno para entrar en un quirófano; la no coordinación entre las distintas instituciones sanitarias; la existencia de una media de estancia hospitalaria muy alta -argumento que el conseller negó tajantemente-; la ocupación de camas por pacientes que podrían ser atentidos en otros dispositivos; el desconocimiento por parte de la administración de sus propios recursos o su infrautilización y la escasa negociación de los problemas con sindicatos.
