INTERVIENEN:
LUIS CASADO. Director general de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat Valenciana
FRANCISCO BROTONS. Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante
LUIS DELGADO DE MOLINA. Abogado
FRANCISCO ROVIRA. Presidente de la Federación Provincial de Comercio
JOSÉ LUIS BERDEJO. Vicepresidente de la Asociación de Vendedores de Prensa y Revistas
PEDRO HERNÁNDEZ. Vicepresidente de la Unión de Consumidores (UCE)
MODERA:
JOSÉ MARÍA PEREA. Periodista
LA NUEVA LEY DE ARRENDAMIENTOS REQUERIRÁ MEDIDAS ADICIONALES PARA QUE SEA EFECTIVA
CLARA R. FORNER
Por parte de la Administración, el jefe del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda, Jordi Salvat Calvo, expuso los motivos que han llevado al Gobierno a redactar el proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos. Salvat consideró que con el marco legislativo actual «el arrendamiento no es alternativa a la propiedad». Con el proyecto de ley, señaló, se intenta crear un marco estable, que coadyuve a potenciar el mercado de alquiler. No obstante, apuntó que para este fin también harán falta medidas adicionales como la disminución de los tipos de interés.
Por parte de los propietarios, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Alicante, Francisco Brotons, calificó el proyecto de «tímidamente bueno» y señaló que en la provincia afectará a 50.000 inquilinos y 13.000 propietarios arrendadores. Brotons culpó a los distintos gobiernos que ha habido en España desde 1964 porque ninguno de ellos ha sido «valiente» para cumplir la legislación que establecía una revisión bianual de los alquileres. El presidente de los propietarios apuntó que en 1991 el 11% de las viviendas en Alicante ciudad estaban desocupadas, cifra que consideró alarmante.
Momento inadecuado
El presidente de la Federación Provincial de Comercio, Francisco Rovira, consideró que el proyecto de ley viene a sumarse a otras medidas que ponen a los comerciantes en una difícil situación como los incrementos tributarios. Según Rovira, el aumento de costes llevará a muchos comerciantes al cierre, ya que se crea una situación de indefensión del inquilino frente al arrendador.
Por su parte, el abogado Luis Delgado Molina, coincidió con Brotons en criticar la pasividad de las administraciones por no aplicar la legislación de 1964 y calificó el proyecto como «bueno» al distinguir entre viviendas y locales dedicados a otros usos. No obstante, anticipó que la compleja situación que creará la nueva ley dará lugar a «muchos encontronazos y recursos judiciales». Sobre este punto, advirtió que el proyecto no viene a unificar la legislación sino que subsistirán cuatro regímenes legales distintos: Código Civil, Ley de 1964, Decreto Ley de 1985 y la normativa que se va a aprobar.
José Luis Berdejo, vicepresidente de la Asociación de vendedores de Prensa y Revistas, advirtió que de no introducirse mejoraras la ley producirá a los pequeños y medianos comerciantes «perjuicios irreparables». Berdejo criticó que el momento en que se ha presentado es el menos oportuno por la situación crítica que viven los comerciantes, a la cual se suma ahora el peligro de desahucio. En su opinión esta ley atenta contra un derecho fundamental a la libre empresa.
Para Pedro Hernández, vicerpresidente de la Unión de Consumidores, la nueva ley es «necesaria» aunque «insuficiente», ya que debe haber medidas fiscales, financieras y de otro tipo complementarias que busquen el equilibrio. En su opinión, ampliar el periodo mínimo a cuatro años es una mejora, aunque lo ideal seríaentre 5 y 10 años. Hernández lamentó que el proyecto no haga mención al sistema arbitral, «que podría resolver muchos conflictos».
