INTERVIENEN:
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN. Conseller de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana
JUAN JOSÉ MORAGUES TERRADES. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ministerio de Medio Ambiente
MODERA:
JOSÉ MARÍA PEREA. Director del Club INFORMACION
EL GOBIERNO Y EL CONSELL DEBATEN EN EL CLUB INFORMACION SOBRE EL PROBLEMA DEL AGUA
F. J. BENITO
El Club INFORMACION acoge esta tarde -19.30 horas- un debate sobre uno de los problema capitales que amenazan el futuro de la provincia de Alicante: el abastecimiento de agua. Bajo el título «Las problemática del agua en Alicante», el periódico reúne esta tarde a dos «pesados pesados» del Ministerio de Medio Ambiente y de la Generalitat en cuanto al diseño de la política hídrica se refiere. Justo en un momento, además, en el que la polémica sobre el agua está en lo más alto por el anunciado cambio de toma del agua para el trasvase Júcar-Vinalopó -punto de fricción entre usuarios, Consell y Gobierno central-; las dudas sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura y el debate que ha suscitado en la sociedad el Programa Agua del Ministerio de Medio Ambiente, que basa gran parte del suministro hídrico futuro en la desalación de agua del mar. Proyecto que tiene sus defensores y también muchos detractores.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, expondrá la política del Ministerio de Medio Ambiente. Frente a sus impresiones estarán las del conseller José Ramón García Antón, uno de los «padres» del trasvase Júcar-Vinalopó con la toma en Cortes de Pallás, que sigue manteniendo la idoneidad del proyecto original.
Desalación, reutilización de aguas residuales depuradas, modernización de regadíos, desarrollo urbanístico… son algunos de los temas directamente relacionados con el abastecimiento que forman parte de la llamada problemática del agua en Alicante.
EL GOBIERNO ASEGURA EL NUEVO TRASVASE Y EL CONSELL LO VE INVIABLE
F. J. BENITO
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, volvieron a escenificar ayer que el consenso entre el Gobierno y el Consell para buscar soluciones al problema del agua en Alicante es prácticamente imposible por la batalla política que insisten en mantener en el trasvase Júcar-Vinalopó. La modificación del proyecto para tomar el agua en el Azud de la Marquesa se convirtió en el punto más «caliente» de uno de los debates más apasionados de los desarrollados en un Club INFORMACION abarrotado -300 personas- de un público que aplaudió y mostró su desacuerdo con silbidos, según acababan sus intervenciones Moragues y García Antón. Un debate sin vencedores, ni vencidos pero en el que la gran duda quedó sin resolver: ¿Llegará finalmente el agua del Júcar al Vinalopó mediante un trasvase?
Juan José Moragues, presidente de la Confederación del Júcar, aseguró que «el trasvase se hará y este Gobierno lo quiere hacer. Para mí sería mucho mejor estar tomándome una cerveza y no haber cambiado la toma pero nuestra responsabilidad nos obligaba a ello. El trasvase debe hacerse con caudales sobrantes y cumpliendo otras condiciones y éstas sólo existen en la desembocadura. Lo que está claro es que si no hacemos nada los acuíferos se agotarían y estamos convencidos que el máximo volumen de agua se garantiza desde la Marquesa».
Moragues intentó durante todas sus intervenciones aludir a la denominada solución integral para solucionar la falta de agua en la provincia «que no sólo se resuelve con el Júcar-Vinalopó. El objetivo del Gobierno es hacer el trasvase, reutilizar agua residual y desalar unos 146 hm cúbicos al año para cubrir todos los déficits».
Una intervención inicial, pausada, que fue replicada con vehemencia por el conseller García Antón, quien desde el primer momento fundamentó sus ataques a la modificación del proyecto en razones ajenas a las técnicas. «Sintiéndolo mucho tengo que decirle que desde el primer día su Gobierno ha utilizado a la Comunidad Valenciana como moneda de cambio». El conseller subrayó que «había un proyecto de conjunto y global para solucionar los problemas de falta de agua, se ha paralizado y ahora estoy convencido que se quiere suspender el Júcar-Vinalopó. Han entrado como un elefante en una cacharrería, despreciando la propia inteligencia de todos los intervinientes y me consta porque me lo han dicho en el Ministerio, que agua hay de sobra y que el cambio se debe a la crispación social y a razones políticas».
Crispación social y corsés políticos. Dos términos que García Antón manejó con soltura para rebatir el discurso técnico de un Juan José Moragues correcto como el conseller, pero que terminaría acusando al Gobierno que aprobó el trasvase (PP) de haber forzado los datos que llevó a Europa para conseguir el crédito.
Antón insistió también en destacar la idea de que la comisión que ha estudiado las razones para cambiar el proyecto no estaba capacitada para ello y acusó al Gobierno de «aludir contínuamente al tema de la crispación social cuando hasta enero de este mismo año no lo había habido nunca. Resulta paradójico que detrás del informe que ha servido para cambiar el trasvase y llevar la toma de agua a Cullera se encuentre la Fundación para la Nueva Cultura del Agua. Un colectivo que siempre ha insistido en el no al trasvase o partidos con poca representación social como IU y ERC que son los primeros que se jactan de ser ellos lo que cambian la toma y terminarán por no hacer el trasvase».
Moragues defendió la independencia de los miembros de la comisión de expertos y acusó «al anterior Gobierno de haber forzado los datos para justificar que había agua en el Júcar cuando presentaron un informe en el que de los 80 hm3 daban preferencia a 35 hm cúbicos para los abastecimientos. Ese dato y la necesidad de contar un caudal ecológico para el Júcar que impone Europa y no solucionaba la toma en Cortes es la que nos hizo revisar el proyecto. Insisto, para el Gobierno hubiera sido mucho más fácil mantener la toma en Cortes pero actuamos desde la responsabilidad».
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar insistió en que «los regantes del Júcar que suponen el 80% de los de la cuenca presentaron escritos asegurando que la toma en Cortes no hacía posibles los sobrantes y recuerdo que el proyecto era de sobrantes. Los números estaban forzados, José Ramón, hablemos claro. Lo que se trasvasaba desde Cortes eran sobrantes en un año con excedentes. Qué hubiera sucedido después. Pues que con los datos reales nunca se hubiera podido trasvasar agua».
García Antón acusó por su parte al Gobierno actual de «no escuchar a nadie. He estado un mes reuniéndome con altos cargos de sus ministerio intentando crear una comisión de expertos independientes. Ahora me hablas de pactos. Pero el escenario es como si me hubieras cortado una pierna y luego me ofreces un acuerdo. No me habéis hecho caso, en Madrid me transmiten que el único problema es la crispación social, que sobra el agua en el Júcar y yo os digo. Crispación social que no existía. No hay derecho a ver el 8 de julio a alcaldes socialistas brindando por las obras desde Cortes y quince días después todo cambia y encima no habéis sido capaces de aportar ni un informe técnico».
Para el presidente de la Confederación del Júcar «el máximo volumen se garantiza desde la Marquesa y quiero dejar claro que este Gobierno va a hacer el trasvase. Lo que ha hecho el equipo de la Confederación es buscar la mejor solución y trabajar con escenarios reales. Está claro que tenemos una perspectivas diferentes pero nadie puede dudar de que no queramos hacer el trasvase y también debiéramos hablar de la modernización de la Acequia Real del Júcar, tan necesaria para generar los excedentes para trasvasar al Vinalopó o de la depuradora de Pinedo que este año bombeará 90 hm cúbicos al mar».
Moragues aseguró que «alguien puede entender que el Gobierno cambie el trasvase por capricho. El trabajo de la comisión de seguimiento ha sido ejemplar con 500 horas de trabajo y yo no dudo de nadie, ni de Francisco Cabezas, autor del informe de los usuarios del Vinalopó. Lo que también te dijo, José Ramón es que el propio Consell es el que también pone trabas al trasvase como cuando un compañero tuyo nos exige que el caudal de la Albufera sea de 200 hm cúbicos o cuando el Ayuntamiento de Valencia pide un caudal de dos metros cúbicos por segundo. Otro torpedo en la línea de flotación del trasvase. Buscamos la toma que más agua garantiza y ésta está en Cullera. Con sus datos reales, en muchos aguas no llegaría agua del Júcar».
García Antón replicó que «el Ministerio de Medio Ambiente realizó la conducción central de la Acequia Real del Júcar que con unas obras que están haciendo ahora ustedes puede generar unos excedentes de 100 hm cúbicos. Me acusa de no haber hecho otras conducciones pero tengo que decirle que he ido nueve meses detrás de los regantes porque en el convenio que firmamos con ellos, nos tenían que aportar los terrenos y no lo han hecho».
La verdad -aseveró Moragues- que «no sé que pensar escuchando que un conseller ha ido por ahí buscando los regantes y también le dijo que la comisión no ha decidido nada. Ha aportado sus conclusiones, ha escuchado a todas las partes. Personalmente yo me he leído todos los informes y al final la decisión la ha tomado el Ministerio porque cree que es la idónea. El único punto donde el Júcar no está regulado es aguas abajo de Tous, ahí están los sobrantes».
Intervenciones de uno y de otro que contribuían a dejar claro que el consenso es imposible. «La única verdad es que ustedes ni van a traer agua antes, ni más barata, ni en más cantidad. No se trata de tirarnos los trastos pero lo único que han hecho es deshacer los proyectos hidráulicos que habíamos diseñado conforme a sus leyes», espetó García Antón como dardo final a un Moragues que se comprometió a «presentarle el próximo enero todas las inversiones que vamos a hacer».
Pese a la crispación que generaba cada palabra sobre el Júcar-Vinalopó. Moragues y García Antón también tuvieron un punto de coincidencia: las ganas de buscar consenso para ejecutar el listado de actuaciones basadas en la modernización y reutilización de las aguas residuales, cuyo desarrollo es importante y que el acaloramiento que provoca el debate sobre el Júcar-Vinalopó deja siempre delado. Algo es algo.
ANTÓN PIDE UNA COMISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE PARA DECIDIR EL TRAZADO IDÓNEO
J. E. MUNERA
Con un discurso más político del que normalmente exhibe, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, propuso con insistencia durante el debate de ayer la creación de una comisión de técnicos independientes para dilucidar el trazado idóneo del trasvase Júcar-Vinalopó. En el fondo de su planteamiento, García Antón cuestionaba la independencia del estudio utilizado por el Ministerio como base para cambiar el trazado, el de los miembros de la Nueva Cultura del Agua, «que no quieren ningún trasvase». Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan Moragues, en una documentada intervención, se negó a poner en duda la independencia de los trabajadores de la CHJ y de las consultoras contratadas por la Administración, al tiempo que reclamó la colaboración del Consell, al margen del trasvase, en otros proyectos de depuración, reutilización y desalación para traer 100 hm3 de agua al año a las zonas más necesitadas de la provincia.
Con buenos modales, pero con contundencia en la denuncia, García Antón destacó que el Gobierno central rechaza la comisión independiente por razones políticas y sociales: «El Ministerio se niega no por problemas de agua, que reconocen que sobra, sino por el problema social de la crispación y el político debe ser por la presión de Esquerra Republicana de Catalunya y de Izquierda Unida». En varios pasajes de su intervención, el conseller también recalcó el trasfondo político del cambio de trazado: «Al presidente de la Confederación no le dejan crear esa comisión desde arriba; y da igual los caudales».
Moragues replicó que él nunca le ha dicho a un técnico lo que tiene que hacer y añadió que el único cambio de modelo en el proyecto lo efectuó el anterior Gobierno del PP «al poner el requisito de los 35 hm3 de abastecimiento por encima de todo lo demás». Con la misma corrección en las formas, el presidente de la CHJ le hizo llegar al Consell su empeño en impedir que, «como ha ocurrido en los últimos años, se devuelvan cada año al Ministerio 50 millones de euros correspondientes a obras que no se han ejecutado en la Comunidad Valenciana».
En ese intercambio dialéctico, García Antón cerró su participación acusando al Ejecutivo central de llevar un año y medio en el gobierno «en el que lo único que ha hecho ha sido desinvertir y tirar el dinero» al suspender obras ya ejecutadas en los trasvases del Júcar y del Ebro. «El Programa Agua hablaba de más agua, más barata y más pronto; y la realidad es que tenemos menos agua, más cara porque es desalada y nada de más pronto», sentenció el conseller.
En medio de tanta discrepancia y diálogo de sordos, Moragues lanzó una llamada a la colaboración con el Gobierno autonómico y se declaró «optimista» sobre la posibilidad de trabajar conjuntamente en los proyectos de mejora de infraestructuras, reutilización y desalación, habida cuenta de que un entendimiento sobre el Júcar-Vinalopó es poco menos que imposible. «Con el trasvase tendremos 80 hm cúbicos», declaró el presidente de la CHJ, «de modo que si el déficit hídrico es de 180 hm cúbicos, vamos a intentar colaborar para conseguir por otros medios traer 100 hectómetros a la provincia de Alicante».
AMPLIA PRESENCIA DE USUARIOS, POLÍTICOS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL CLUB INFORMACION
El salón de actos del Club INFORMACION se quedó ayer pequeño para acoger a la amplísima representación de los usuarios y regantes, políticos de diferentes partidos, empresarios, ecologistas y expertos universitarios que se dieron cita en un debate que comenzó pasadas las 19.30 horas de un viernes de «puente» festivo.
Además del presidente de la Junta Central de Usuarios, Andrés Martínez, y del de Riegos de Levante, Manuel Serrano, asistieron responsables de las comunidades de regantes de El Algar, de la Margen Derecha, de Muro de Alcoy, de Carrisales, de Novelda, Canal de la Huerta de Alicante y Labradores de Elche. También estuvieron el delegado provincial de la Unió de Llauradors, Ernest Blasco, y el presidente de Jóvenes Agricultores-Asaja de Elche, Pedro Valero, así como Carlos Arribas, de Ecologistas en Acción.
Del ámbito político, acudieron el presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España; el de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll; el Delegado del Consell, José Marín Guerrero, y los alcaldes de Elche, Diego Maciá; Dénia, Francisca Viciano; Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo; San Vicente, Luisa Pastor; Sant Joan d´Alacant, Francesc de Paula Seva; Villena, Vicenta Tortosa; Mutxamel, Asunción Llorens; Aspe, Roberto Iglesias; y Benferri, Luis Vicente Mateo. Varios de ellos vinieron acompañados por concejales. Del Ayuntamiento de Alicante, al margen de Ripoll, sólo acudió el edil socialista Ángel Franco; y del de Orihuela, la concejal Mónica Lorente. De la Diputación también estuvieron la vicepresidenta María del Carmen Jiménez y el portavoz del PSPV, Antonio Amorós; del Congreso de los Diputados, el socialista Carlos González; y de las Cortes Valencianas, sus compañeros Carmen Sánchez Brufal, José Antonio Godoy y Eduardo Vicente, así como el vicesecretario del PP en la Comunidad, Ricardo Costa. La Administración central también estuvo presente en la persona del consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán.
Del mundo empresarial acudieron Joaquín Arias, presidente del Grupo Subús; Manuel Peláez Robles, de Ecisa; el ilicitano Rafael Bernabéu, el presidente de FOPA, Rafael Martínez, y el presidente de Fundesem, Juan Amirola.
El mundo universitario estuvo representado por el director del Departamento de Análisis Geográfico Regional del Campus de San Vicente, Antonio Gil Olcina, y por su compañero Manuel Rico Amorós, así como por el catedrático Gabriel Real. Y de la sociedad civil también estuvieron el presidente de la Unión de Consumidores de l´Alacantí, Pedro Hernández, y representantes de Aguas de Alicante.
