Entrada libre
PRESENTACIÓN DEL ACTO A CARGO DE FRANCISCO AMORÓS PORTAVOZ DE LA COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO
17.00.- Proyección del cortometraje «Tener y ser» presentado por su director Gaspar D. Pomares
17.30.- Intervención de los protagonistas del cortometraje
17.50.- Conferencia-mesa redonda a cargo de:
Inmaculada Rosas Ledesma abogada criminóloga, de Málaga, cuyas actuaciones ante los tribunales motivaron la operación Malaya
Fernando Díaz Orueta profesor de sociología urbana de la Universidad de Alicante
19.00.- Receso con degustación de productos ecológicos
19.20.- Mesa redonda con la presencia de Inmaculada Rosas y Fernando Díaz abierto a la participación del público asistente
20.15.- Intervención de representantes de diferentes colectivos ciudadanos que expondrán su visión y propuestas acerca de los contenidos para alcanzar el objetivo común de un urbanismo social
CONVOCAN:
COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO, COORDINADORA NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO, FORO COMPROMÍS P`EL TERRITORI
JORNADA EN EL CLUB INFORMACION SOBRE EL URBANISMO SOCIAL Y LA DEFENSA DEL TERRITORIO
El salón de actos del Club INFORMACION en Alicante (Avda. Doctor Rico, 17) acoge el sábado 10, entre las 17 y las 21 horas, una Jornada sobre «Urbanismo social, una puesta de futuro» organizada por varias plataformas ciudadanas en defensa del territorio. En la jornada hay previstas diversas actividades. El acceso es libre.
Francisco Amorós, portavoz de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio que se constituyó en abril en Murcia por una serie de grupos de varias comunidades autónomas comprometidos en la búsqueda de un modelo territorial diferente al actual, será el encargado de abrir la Jornada. A continuación se proyectará el cortometraje «Tener y ser», presentado por su director, Gaspar D. Pomares, quien intervendrá en el coloquio posterior junto con protagonistas del corto. Esta película, galardonada en varios certámenes, recoge la historia de una pareja de ancianos que son desalojados de su vivienda por un proyecto urbanístico.
A las 17.50 horas están previstas dos intervenciones centrales sobre el tema objeto de este encuentro. Inmaculada Rosas Ledesma, abogada criminóloga de Málaga cuyas actuaciones ante los Tribunales motivaron la «Operación Malaya» en Marbella, será la primera ponente a la que seguirá la intervención de Fernando Díaz Orueta, profesor de Sociología Urbana de la Universidad de Alicante. Tras ambas intervenciones, y antes de abrir un coloquio los dos ponentes con el público asistente, se podrá degustar una muestra de productos ecológicos instalados en los accesos al salón de actos del Club INFORMACION. Finalizado el coloquio está prevista, para las 20..15 horas, la intervención de representantes de diferentes colectivos ciudadanos que expondrán sus propuestas para alcanzar el objetivo de un urbanismo social.
La Coordinadora Nueva Cultura del Territorio y el Foro Compromís p?el territori figuran, entre otros, con la Coordinadora en Defensa del Territorio en la convocatoria de esta Jornada.
Junto a la sede del diario INFORMACION, donde se encuentran las instalaciones del Club, existe una zona de aparcamiento de vehículos a la que se accede por la misma Avenida Doctor Rico en el Polígono alicantino de San Blas.
EXPERTOS APELAS A LA UNIÓN CIUDADANA PARA DENUNCIAR LOS ABUSOS URBANÍSTICOS
A.TERUEL
Los expertos que participaron ayer en la jornada «Urbanismo social, una apuesta por el futuro», celebrada en el Club INFORMACION, llamaron a una mayor unión y movilización ciudadana para denunciar los abusos en esta materia. A la sesión asistieron cerca de un centenar de personas, en su mayoría miembros de colectivos vecinales de distintos puntos de la provincia. Asimismo, intervinieron el profesor de Sociología de la Universidad de Alicante (UA) Fernando Díaz Orueta y la abogada malagueña Inmaculada Rosas, a raíz de cuyas actuaciones se inició la «Operación Malaya» en Marbella.
La letrada hizo hincapié en que a menudo el ciudadano «no tiene conciencia de ser víctima de un abuso urbanístico» hasta que no está directamente afectado por él, lo cual provoca que el inicio de acciones judiciales contra estas situaciones no se dé con toda la frecuencia con que podría ocurrir. Asimismo, resaltó que por lo general se trata de procesos judiciales muy largos, que llegan a tardar hasta 12 años, de forma que «cuando hay sentencia, no se puede ejecutar» porque, por ejemplo, resulta más que difícil derribar un edificio construido de forma irregular que ya se encuentra habitado. Pese a esto, y pese a la dificultad de luchar «contra la presunción de legalidad de la Administración», Rosas insistió en la necesidad de denunciar, porque «la callada por respuesta ya se tiene».
Por su parte, Díaz Orueta recalcó que el desarrollo urbanístico masivo está «fuera de cualquier control democrático» al no tener participación ciudadana, y advirtió de sus «consecuencias socioespaciales», ya que, según dijo, contribuyen a hacer una sociedad «más desigual y segregada». El profesor consideró que la ciudadanía «deba articular una crítica coherente y organizarse», ya que es «la única opción que tiene de hacer reconsiderar» la tendencia actual.
La mesa redonda fue moderada por el secretario provincial del sindicato agrario La Unió, Ernest Blasco, quien alertó acerca del futuro del sector. También se proyectó un cortometraje acerca del caso de una pareja de ancianos que vio derribada su casa en Elche, e intervinieron representantes de las distintas plataformas.
«LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA CESARÁ CON SENTENCIAS JUDICIALES CONTUNDENTES»
A.TERUEL
Las acciones emprendidas por Inmaculada Rosas tras varias denuncias por presunta corrupción urbanística en Marbella dieron origen a la llamada «operación Malaya». La abogada malagueña considera fundamental que salgan a la luz pública estos casos, para evitar los abusos en esta materia.
Si los desmanes urbanísticos se venían produciendo en Marbella desde hacía tiempo, ¿por qué cree que han tardado tanto en ser conocidos por la opinión pública?
Siempre ha habido actuaciones, pero no han estado coordinadas. Han sido muy tardías y por casos muy concretos. La iniciativa ha partido sobre todo de afectados por este tipo de abusos, y a veces cuesta mucho convencerles para que se muevan.
¿Hasta dónde llega el perjuicio a la ciudadanía por una mala gestión urbanística?
La afección es sobre todo a su patrimonio. Si, por ejemplo, su propiedad ha quedado encerrada por un gran complejo urbanístico, queda muy depreciada a la hora de venderla. Hay que buscar responsabilidades como ésa, saber cuantificar esa pérdida.
El caso descubierto en Marbella ha hecho que en la provincia de Alicante se hable de la existencia de varias «marbellas», es decir, de situaciones más o menos similares. ¿Piensa que su actuación ha propiciado algún tipo de reacción en cadena?
Sí, porque se han podido destapar cosas. Aunque haya sido porque «ha sonado la flauta», ha llegado un juez que ha metido mano en este asunto. Lo suyo es que la acción siga, que todo el mundo denuncie cualquier actuación urbanística susceptible de ser fraudulenta. Al menos, eso, igual que se denuncia un robo. Que se tenga conciencia de que se ha podido ser víctima de un abuso.
¿Encuentra paralelismos entre la provincia de Alicante y la Costa del Sol?
Sí, es la misma forma de corruptela, la misma forma de financiación de los Ayuntamientos. Tendrá que haber algo que controlara eso, que evitara que un ayuntamiento fuera juez y parte en el desarrollo urbanístico.
¿Qué medidas piensa que se deberían impulsar para tratar de detener estos desarrollos masivos?
Esta situación se podría parar cuando empezaran a caer sentencias judiciales y se empezaran a derribar edificios. Que se hicieran cumplir las leyes en los extremos en los que se legisla.
¿Piensa que esta fórmula de crecimiento es adecuada para un lugar como la provincia de Alicante, dadas sus características físicas y socioeconómicas?
Evidentemente, no. El urbanismo repercute en cuestiones medioambientales a todos los efectos. Además, hace que se dejen las actividades tradicionales porque no se pueden mantener. Este crecimiento no es sostenible.
¿Cree que se engaña a la población al hablar de las bondades del desarrollo urbanístico, en cuestiones como la prosperidad económica o la creación de puestos de trabajo?
Sí, porque las únicas que se benefician de estas actuaciones son las constructoras. La población es muy vulnerable, no se sienten víctimas directas de este problema, no toman conciencia de ello.
¿Podrían hacer más los ayuntamientos por detener y denunciar las irregularidades urbanísticas?
Sí, pero es que ellos mismos son los que las cometen. ¿Cómo van a oponerse a ellas?
¿Cuál cree que podría ser el final para esta tendencia de crecimiento urbanístico exponencial?
No veo un final claro, pero decisiones judiciales contundentes contribuirían a ello.
